Investigar el accidente de Urda no exime a Transportes de rendir cuentas

Transportes debe responder por la gestión de la seguridad ferroviaria sin esperar a que una investigación determine todas las responsabilidades individuales. Esa exigencia no equivale a declarar culpable al ministro de un accidente: significa que el control político tiene una función propia y no puede quedar suspendido hasta que termine el esclarecimiento técnico.

En Urda, un AVE ha embestido por detrás a un Iryo detenido en la línea Madrid-Sevilla. Óscar Puente ha presentado lo sucedido como un accidente extraordinariamente improbable y ha rechazado dimitir. Pero la excepcionalidad de un siniestro no responde a la pregunta decisiva para los viajeros: qué barreras debían impedirlo y por qué no evitaron la colisión.

Daniel Rodríguez Herrera sostiene en su columna que el sistema de seguridad LZB no estaba funcionando y que su sustitución debía haberse completado a comienzos de año. Son afirmaciones que sitúan el debate en un terreno concreto: el estado de las protecciones, los plazos de renovación y las decisiones adoptadas por quienes administran la infraestructura. Ahí debe concentrarse la exigencia de explicaciones documentadas.

Aunque se acreditara un error de un operario, seguiría siendo necesario examinar las condiciones en las que trabajaba y los mecanismos destinados a impedir que una equivocación acabara en una catástrofe. La responsabilidad individual y la responsabilidad de gestión no se excluyen. Presentarlas como alternativas empobrece el control de un servicio del que dependen vidas.

Tampoco la publicación de conversaciones entre trabajadores puede sustituir ese examen. Rodríguez Herrera denuncia que se han difundido audios recortados para orientar la atribución de responsabilidades. Sin asumir esa intención como probada, hay una exigencia elemental: valorar las comunicaciones dentro de su secuencia completa y junto con las condiciones técnicas de la circulación.

La crítica al Gobierno pierde rigor cuando convierte a periodistas o adversarios políticos en responsables de las muertes por sus opiniones. Fiscalizar una cobertura informativa es legítimo; atribuirle causalidad en un accidente exige pruebas distintas de la afinidad partidista.

La rendición de cuentas útil no necesita culpables anticipados ni absoluciones políticas preventivas. Necesita explicaciones contrastables sobre las protecciones, su mantenimiento y las decisiones de gestión. Investigar al trabajador y exigir respuestas al ministro son obligaciones compatibles.

Fuente: Libertad Digital · leer el original