Igualdad ordenó instalar una pulsera antimaltrato pese al aviso de que el perímetro judicial impedía garantizar la protección
Los responsables de la Sala Cometa alertaron de que los cien metros fijados por un juzgado no permitían asegurar el funcionamiento del dispositivo. El ministerio respondió que debía instalarse porque la distancia la decidía el órgano judicial.
El Ministerio de Igualdad dio instrucciones el 11 de marzo de 2024 para instalar un dispositivo telemático de control de alejamiento después de que la Sala Cometa advirtiera por escrito de que no podía garantizar la protección de la usuaria con el perímetro establecido. Los correos internos, a los que ha tenido acceso ABC, muestran que el departamento mantuvo la instalación al considerar que correspondía al juzgado decidir la distancia.
El expediente había llegado esa tarde al centro encargado de monitorizar las pulseras contra la violencia machista. La resolución judicial fijaba una zona de exclusión de cien metros. Al revisar la orden, los técnicos detectaron tanto una limitación para el funcionamiento del equipo como un problema de contacto con la mujer protegida.
A las 16:58, el área de soporte comunicó por correo a la funcionaria de Justicia que tramitaba el expediente que era conveniente establecer una distancia mínima de 500 metros. Según los técnicos, con cien metros no era posible garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo. También avisaron de que no conseguían localizar a la víctima en el teléfono que figuraba en el equipo.
El órgano judicial respondió que debía ejecutarse la instalación en los términos dictados por el juez. Tras esa contestación, Securitas Seguridad España, adjudicataria del servicio de seguimiento, elevó la consulta al Ministerio de Igualdad.
A las 19:29, la coordinadora del Centro de Operaciones de Seguridad de la Sala Cometa trasladó la situación a varias responsables del ministerio. Explicó que ya habían desaconsejado por escrito aquella distancia y que el juzgado había insistido en mantenerla. La coordinadora propuso no instalar el dispositivo, pendiente del criterio del departamento, porque con ese perímetro no podían garantizar la protección de la usuaria.
La respuesta ministerial llegó ocho minutos después, a las 19:37, desde una dirección oficial. La instrucción fue proceder a la instalación porque la decisión sobre la distancia correspondía al órgano judicial. El mensaje no incorporaba una alternativa técnica ni un protocolo adicional.
Para la mujer protegida, el problema advertido afectaba al margen disponible para recibir una alerta y activar la respuesta policial. Los técnicos situaban en torno a 500 metros el umbral necesario para que el sistema avisara con antelación suficiente. A esa limitación se añadía, en este expediente, la imposibilidad de contactar telefónicamente con ella.
Sobre este asunto
NoticiaLa UCO requiere documentación en Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en las pulseras antimaltratoFuente: abc.es · leer el original
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