Garamendi critica el apoyo del Gobierno a la huelga del 11-N y reclama garantías para trabajar
El presidente de la CEOE reprocha al Ejecutivo haber alentado el paro desde el Consejo de Ministros. La patronal sostiene que el seguimiento inicial es bajo y denuncia obstáculos para acceder a centros de trabajo.
Antonio Garamendi ha cuestionado este miércoles el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a la huelga general del 11 de noviembre, una convocatoria que considera política y promovida desde las instituciones. En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, el presidente de la CEOE ha reprochado al Ejecutivo que anime a secundar una protesta por problemas cuya responsabilidad le atribuye en buena medida.
La jornada de huelga ha comenzado con incidentes en Mercamadrid, donde grupos de sindicalistas de UGT y CCOO han intentado bloquear el acceso de vehículos durante la madrugada. La Policía Nacional ha intervenido con cargas y gas pimienta. El balance inicial ha sido de un detenido y tres heridos.
Garamendi ha condenado los episodios de violencia y los cortes de calles y carreteras. A su juicio, quienes impiden el paso no actúan como piquetes informativos. Ha reclamado que los trabajadores que decidan no secundar el paro puedan acudir a sus puestos con garantías y sin coacciones.
La CEOE ha denunciado dificultades de acceso a polígonos industriales y al interior de Barcelona, Valencia y Sevilla, además de problemas para entrar en el puerto de Algeciras por la actuación de piquetes. También ha condenado actos vandálicos contra empresas inmobiliarias y ocupaciones de oficinas en los días anteriores.
Frente a esas incidencias, la patronal sostiene que el seguimiento inicial es bajo en la mayoría de los sectores y territorios, aunque mayor donde existe más implantación sindical. Pasadas las ocho de la mañana, situaba la caída de la demanda eléctrica en torno al 10% respecto a un día normal. Garamendi ha comparado ese descenso con el 14% de la última huelga general y ha afirmado que, a primera hora, se cumplían los servicios mínimos esenciales.
El dirigente empresarial también ha cuestionado el origen de la convocatoria, que atribuye al Sindicato de Inquilinas. Según su interpretación, UGT y CCOO se incorporaron después para darle cobertura legal. Ha vinculado además la movilización con las elecciones generales del 29 de noviembre y ha planteado que pueda buscar condicionar el debate político.
Pese a sus críticas, Garamendi ha diferenciado esta controversia de la relación habitual con los sindicatos mayoritarios. La patronal y las centrales continúan trabajando en la negociación de aproximadamente 4.500 convenios colectivos.
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