Frente Amplio propone expropiar viviendas de grandes carteras y prohibir su compra por empresas
La formación encabezada por Ada Colau incluye en su oferta electoral un impuesto del 10% a la acumulación de inmuebles, contratos de alquiler indefinidos y la construcción de 1,5 millones de viviendas públicas en doce años.
Frente Amplio plantea la expropiación progresiva de viviendas pertenecientes a grandes carteras corporativas y la prohibición de que las empresas compren viviendas. Ambas medidas forman parte de sus propuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre y afectan tanto a los inmuebles ya en manos de esas carteras como al acceso de las sociedades al mercado residencial.
La formación encabezada por Ada Colau añade un impuesto del 10% a la acumulación de inmuebles. En el ámbito fiscal también propone equiparar la tributación del capital y del trabajo, una medida que incluye entre sus compromisos generales sobre impuestos.
Para propietarios e inquilinos, el programa plantea un cambio en la duración de la relación contractual: Frente Amplio quiere establecer contratos de alquiler indefinidos. Además, propone legalizar la huelga de alquileres y erradicar los desahucios cuando no exista una alternativa habitacional. Son compromisos electorales, no medidas aprobadas.
La ampliación de la oferta pública se concreta en un objetivo de 1,5 millones de viviendas en doce años. Ese horizonte acompaña a las restricciones propuestas sobre la adquisición y la tenencia de inmuebles por parte de empresas y grandes carteras.
Las iniciativas de Frente Amplio coinciden con otras propuestas de intervención en el alquiler presentadas para estos comicios. Podemos, con Irene Montero como candidata, defiende prohibir la compra de viviendas para alquilarlas y rebajar por ley un 40% todos los alquileres.
El PSOE, por su parte, propone ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en zonas tensionadas. Su programa también contempla constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas.
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