Fiscalizar la corrupción no consiste en examinar la memoria del votante
Acumular nombres y sospechas no hace más exigente el control del poder. La denuncia necesita distinguir responsabilidades y explicar decisiones, no convertir al ciudadano en archivero de escándalos.
La fiscalización de la corrupción debe facilitar el juicio del ciudadano, no examinar su memoria. Recordar una lista de nombres no equivale a comprender qué se investiga, quién debía responder o qué responsabilidad está acreditada. Un concurso de actualidad puede medir retentiva. La rendición de cuentas exige algo bastante más incómodo para el poder: precisión.
Ángel Expósito plantea que la acumulación de escándalos alrededor de Pedro Sánchez busca agotar a la opinión pública. Para ilustrarlo, propone preguntar por los protagonistas del caso Ábalos y por entidades como Adif, Logirail o Tragsatec. Su diagnóstico es que la saturación acaba anestesiando el rechazo a la corrupción.
Hay, sin embargo, un salto entre advertir del cansancio y atribuirlo a una estrategia deliberada. La hipótesis de Expósito no necesita convertirse en certeza para plantear un problema relevante: cómo mantener la atención pública sin sustituir la explicación por una sucesión de apellidos. El ruido también puede fabricarse desde la denuncia, aunque su intención sea combatirlo.
Cuando una misma enumeración reúne políticos, familiares, empresas y personas de su entorno, el lector recibe proximidad, no necesariamente responsabilidad. Cada vínculo requiere una explicación propia. Distinguir una sospecha de una investigación y una investigación de una condena no rebaja la exigencia. Impide que las acusaciones sólidas tengan que compartir cimientos con las insinuaciones.
También conviene rechazar la idea de que olvidar un nombre convierte al votante en indulgente. El ciudadano no tiene obligación de reconstruir cada expediente. Quien informa debe permitirle entender qué conducta se cuestiona y por qué importa. Pedirle que haga ese trabajo mientras se le reprocha su agotamiento es una peculiar forma de servicio público.
La crítica más severa al Gobierno no es necesariamente la más estridente. Es la que formula preguntas concretas y no permite sustituir las respuestas por una pelea sobre adjetivos. Frente a la saturación, hacen falta jerarquía y persistencia: menos inventario y más explicación. Al poder se le exige responder por sus decisiones; al ciudadano no se le debe exigir aprobar un examen para poder juzgarlas.
Fuente: abc.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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