Abascal debe prometer menos poder para gobernar, no solo otro reparto

La promesa de Santiago Abascal de despolitizar las instituciones debe juzgarse por el poder al que esté dispuesto a renunciar. Sustituir responsables puede cambiar una orientación política. Impedir que el siguiente Gobierno disponga de esas instituciones a su antojo exige algo bastante más incómodo: limitarse también a uno mismo.

Abascal ha presentado en sus entrevistas una relación de organismos y empresas que pretende liberar del control partidista. Incluye la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. También la CNMC, el Banco de España, el CIS, RTVE y Efe, además de entidades como la Sepi, Correos, Renfe y Telefónica.

La enumeración identifica el terreno de su propuesta, pero no puede servir como receta única. Una fiscalía, un regulador, una televisión pública y una empresa no cumplen la misma función. Despolitizar exige distinguir qué decisiones deben quedar protegidas de las mayorías y cuáles corresponden legítimamente a quienes responden ante los electores. La independencia tampoco consiste en borrar la responsabilidad.

Por eso conviene reclamar compromisos verificables: criterios de selección, procedimientos transparentes, incompatibilidades y garantías frente a destituciones interesadas. No como un catálogo ornamental, sino como restricciones que seguirían operando cuando perjudicaran al partido que las aprueba. El examen no consiste en encontrar candidatos que gusten a Vox. Consiste en aceptar responsables capaces de contrariarlo.

En esas mismas entrevistas, Abascal ha reivindicado los consensos y la pluralidad. Esa disposición merece ser tomada en serio, pero también aplicada a su programa institucional. Buscar acuerdos no debería significar repartir nombramientos entre más siglas. Una mesa con más comensales no convierte el reparto en independencia.

Para el ciudadano, la diferencia es sustancial. Una institución protegida del mando partidista debe ofrecer garantías también a quien vota contra el Gobierno. Ese es el propósito liberal de los contrapesos: que los derechos y las reglas no dependan de acertar con la papeleta ganadora.

No hace falta adivinar si el cambio de discurso de Abascal responde a una convicción o a un cálculo electoral. Hace falta exigirle un diseño que funcione bajo cualquiera de las dos hipótesis. Su propuesta será reformista cuando dificulte la captura institucional por sus adversarios y, exactamente en la misma medida, por los suyos.

Fuente: elmundo.es · leer el original