Una vía renovada no basta para dar por cumplida la seguridad ferroviaria

La seguridad ferroviaria no puede darse por cumplida con el anuncio de una vía renovada. Tras la colisión de Urda, la cuestión política central no debería reducirse a quién cometió el último error, sino extenderse a qué garantías ofrecía una línea cuyo sistema de señalización seguía pendiente de sustitución.

Después de la tragedia de Adamuz, Óscar Puente sostuvo que esa vía había sido totalmente renovada. Ahora, el ministro reconoce que el sistema LZB instalado en la zona es antiguo y debería haber sido reemplazado por el ERTMS. Ambas afirmaciones pueden referirse a componentes distintos, pero precisamente por eso una explicación pública rigurosa debe distinguir entre renovar la infraestructura y completar sus sistemas de seguridad.

La sustitución fue licitada y adjudicada en 2021, pero no se ha ejecutado. La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera sostiene que los trabajos deberían haber concluido en enero de este año. Ese desfase reclama una explicación concreta sobre la gestión del contrato, las decisiones que determinaron su ejecución y las responsabilidades de quienes debían supervisarlo.

Las advertencias laborales añaden otra dimensión. Los controladores denuncian turnos de hasta doce horas y la acumulación de hasta cinco noches seguidas de guardia. Según su relato, trasladaron sus quejas a Puente en mayo sin que se produjeran cambios. Los sindicatos cuestionan también la antigüedad de los equipos informáticos del centro de control. Son denuncias que deben examinarse, no pruebas automáticas de la causa del choque.

La investigación técnica debe establecer cómo se produjo la colisión. La responsabilidad política tiene, además, un objeto propio: explicar cómo se atendieron las alertas y por qué una modernización adjudicada seguía sin terminar. Exigir esas respuestas no equivale a anticipar una condena ni permite atribuir al ministro cada actuación operativa.

Para el viajero, la garantía relevante es que infraestructura, señalización y operación funcionen como un conjunto seguro. Por eso, rendir cuentas exige algo más verificable que defender una renovación: precisar qué quedó pendiente, quién debía completarlo y cómo se gestionó mientras tanto la seguridad.

Fuente: Libertad Digital · leer el original