Reparar el exilio de ETA no es recuperar votos para un partido
La propuesta de devolver el vínculo electoral con el País Vasco y Navarra a quienes tuvieron que marcharse merece consideración. Su legitimidad depende de reparar una libertad individual, no de corregir resultados electorales.
Quien abandonó su tierra por la amenaza terrorista merece una reparación que no dependa del partido al que vote. Ese debe ser el fundamento del retorno electoral que plantea el PP. No recuperar un antiguo predominio. No reconstruir un bloque ideológico. Las víctimas no son votos en depósito.
El Partido Popular propone reintegrar en los cuerpos electorales del País Vasco y Navarra a quienes sufrieron un exilio forzoso. La iniciativa forma parte de su compromiso electoral y requiere concretar los destinatarios, las amenazas o riesgos que permitirían acogerse y su acreditación. Para documentar los casos podrían servir los archivos del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional, junto con la documentación de las asociaciones de víctimas y las pruebas conservadas por los afectados.
Hay una razón liberal para examinar esta propuesta: marcharse bajo coacción no equivale a elegir libremente otro lugar de residencia. La amenaza altera una decisión personal y puede romper un vínculo político que el afectado habría querido mantener. Reconocer esa diferencia no concede a nadie superioridad moral sobre otros electores. Trata de reparar una libertad lesionada.
Pero ese argumento se estropea cuando la reparación se presenta como una manera de devolver al constitucionalismo los votos que perdió. Nadie puede conocer el sufragio que habrían emitido quienes se marcharon, ni congelar sus preferencias para siempre. Una víctima puede cambiar de ideas. También puede abstenerse. La reparación debe seguir siendo justa aunque decepcione al partido que la promueve.
Las garantías tampoco son una molestia burocrática que deba apartarse en nombre de una causa noble. Son lo que distingue un derecho de una concesión discrecional. La norma tendría que acreditar el desplazamiento forzoso con criterios verificables, precisar cómo se ejercería la opción electoral y evitar que la afinidad política funcione como certificado de pertenencia. El sufrimiento no admite carnés partidistas.
Al PP le corresponde defender su propuesta incluso allí donde no pueda esperar beneficio electoral. Ese es el examen decisivo: reconocer a cada afectado como ciudadano autónomo, no como una papeleta pendiente de devolución. Reparar la coacción no da derecho a cobrar el voto.
Fuente: abc.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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