El viajero no le debe gratitud al ministro
Un servicio público debe responder ante quien lo paga, no convertirlo en público cautivo de una inauguración. La alternativa al deterioro no es la nostalgia, sino limitar el poder de quien administra.
El viajero no le debe gratitud al ministro: le corresponde exigir un servicio. Esa diferencia separa una Administración sometida al ciudadano de una política que presenta como regalo lo que otros financian. El tren no es una dádiva. Tampoco el billete compra una obligación de aplaudir.
En su intervención en Horizonte, Juan Soto Ivars recordó un anuncio del AVE en el que los pasajeros celebraban un retraso de seis minutos porque Renfe devolvía el dinero cuando superaba los cinco. El recuerdo le sirvió para contrastar el orgullo asociado a aquel servicio con su valoración del presente. Lo interesante de aquella escena no es la emoción patriótica: es una empresa pública aceptando que incumplir tenía un coste para ella.
Ahí hay un criterio más útil que cualquier álbum de inauguraciones. Un compromiso verificable permite juzgar al gestor sin examinar primero su carné. La satisfacción del usuario deja de depender de la benevolencia del gobernante y pasa a descansar en una obligación. Menos homenaje, más contrato.
Conviene también distinguir entre responsabilidad política y culpa colectiva. Que los ciudadanos reclamen infraestructuras no convierte cualquier decisión de gasto en sensata ni descarga de responsabilidad a quien la aprueba. El elector puede pedir. El gobernante debe justificar. Si ambas funciones se confunden, el administrador siempre encontrará una multitud a la que repartirle su fracaso.
Desde una perspectiva liberal, el problema no consiste en que alguien quiera un tren mejor. Consiste en entregar al poder el privilegio de definir el éxito, adjudicarse el mérito y diluir después el incumplimiento. Financiar un servicio entre todos no debería hacer más difícil identificar quién responde por él. Debería exigir exactamente lo contrario.
Ese criterio obliga también a la oposición. Denunciar el deterioro no acredita que se vaya a administrar mejor, y prometer otra etapa gloriosa no sustituye los compromisos comprobables. Quien aspire a gestionar debe aceptar límites que sigan vigentes cuando las fotografías de la victoria ya estén guardadas.
La nostalgia puede movilizar; no garantiza derechos. Lo que protege al viajero es poder reclamar sin agradecer favores y exigir responsabilidades sin jurar lealtades. El ministro administra. El ciudadano no le pertenece.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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