Un juez ordena investigar el desprecinto de los pozos de una finca de los Alba en Sevilla

El magistrado Pablo Aragón ha ordenado deducir testimonio contra Eurotécnica Agraria SA, propietaria de la finca Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), y contra Luis Martínez de Irujo Hohenlohe, responsable de la explotación. La decisión busca que se investigue penalmente la reapertura de sus pozos mientras seguía vigente la medida judicial que impedía utilizarlos.

La sociedad tiene como socios a Cayetano, Eugenia, Fernando y Alfonso Martínez de Irujo, hijos de Cayetana de Alba. Luis Martínez de Irujo Hohenlohe es nieto de la duquesa. El juez ha dispuesto que el testimonio se remita al decanato de los tribunales de Sanlúcar la Mayor para que uno de sus juzgados investigue los hechos.

El origen de esta actuación es un atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Los agentes acudieron a la finca el 22 de septiembre para desprecintar los pozos, una vez concluida la anterior instrucción, y encontraron que todos estaban funcionando. Su informe situó la reanudación de la actividad aproximadamente dos meses antes, aunque advirtió de que no podía determinarse con exactitud cuándo se había vuelto a bombear agua.

Los pozos habían sido precintados por orden judicial el 31 de enero de 2025. El magistrado considera que su reapertura podría constituir un delito de desobediencia a la autoridad judicial o de quebrantamiento de medida cautelar. El Seprona señala que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había legalizado los pozos durante la investigación, pero que esa autorización administrativa no permitía retirar los precintos judiciales.

La explotación de naranjos extraía agua de un acuífero que abastece al Parque Nacional de Doñana. La anterior investigación, iniciada a raíz de una denuncia de extrabajadores y Ecologistas en Acción, examinó las extracciones no autorizadas y su posible efecto sobre ese recurso hídrico y su entorno natural.

En un auto del 10 de septiembre, Aragón acordó el archivo provisional de aquella causa por falta de indicios suficientes de delito, sin cuestionar que las extracciones se hubieran realizado de forma ilegal. Las diligencias no permitieron acreditar el volumen extraído ni una alteración del balance hídrico del acuífero.

El auto tampoco consideró probado que las captaciones hubieran causado un descenso sustancial o relevante de los niveles de agua que afectara a la conservación del acuífero o de su entorno. El magistrado añadió que la apreciación de dolo exigía conocer tanto la vulneración de la normativa ambiental como la generación de un riesgo grave.

Fuente: elmundo.es · leer el original