JUPOL responde a las investigaciones de Marlaska sobre la huelga exigiendo su dimisión
El SPP rechaza la retirada de gases lacrimógenos y reclama respaldo a los mandos, mientras el SUP pide que las pesquisas examinen toda la cadena de mando y exige instrucciones antes del próximo dispositivo.
Justicia Policial (JUPOL) ha exigido la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera una falta de apoyo institucional a los agentes tras la huelga general del 11 de noviembre. El sindicato rechaza tanto las investigaciones internas anunciadas sobre algunas intervenciones como la prohibición de utilizar gases lacrimógenos en manifestaciones.
Las protestas sindicales responden a la decisión de Marlaska de ordenar a la Dirección General de la Policía que investigue actuaciones durante la jornada, entre ellas el empleo de gas pimienta en Mercamadrid. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que corresponde a los mandos determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha respaldado la investigación tras expresar su rechazo a las imágenes de algunas cargas.
JUPOL sostiene que los agentes afrontaron situaciones de tensión, violencia y agresiones mientras cumplían su obligación de proteger la seguridad ciudadana y los derechos de todos. Además de la salida del ministro, reclama respaldo público para los policías desplegados, medios técnicos y coercitivos y una condena expresa de las agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El sindicato advierte de que retirar el gas lacrimógeno puede tener consecuencias para agentes y ciudadanos. Argumenta que permite intervenir a distancia y evitar el contacto físico con personas violentas; prescindir de él, a su juicio, puede obligar a emplear defensas policiales y aumentar el riesgo de lesiones. Recuerda que su utilización está sometida a criterios de necesidad, congruencia y proporcionalidad.
El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López, ha censurado la gestión de Interior y ha defendido la planificación de las Unidades de Intervención Policial, las Unidades de Prevención y Reacción y los demás efectivos. Considera que las investigaciones anunciadas desautorizan públicamente a los profesionales y reclama mantener los medios de contención, el respaldo jurídico y los mecanismos internos de control de la Policía.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha planteado una exigencia distinta sobre las pesquisas: pide esclarecer cada actuación cuestionada y examinar la cadena de mando completa, desde quienes diseñaron los dispositivos hasta quienes ejecutaron las órdenes. También reclama que Marlaska explique, antes del siguiente operativo, qué medios e instrucciones tendrán las unidades de orden público.
El SUP ha pedido asimismo a UGT que rectifique las declaraciones de uno de sus representantes que cuestionaban el carácter democrático de la Policía Nacional, y que identifique las actuaciones y aporte pruebas. A las organizaciones convocantes, entre ellas UGT, CCOO, CGT y CNT, les exige una condena expresa de las agresiones sufridas por los agentes durante la huelga.
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