España financia una diplomacia de Estado, no una clientela para el Gobierno

La diplomacia que pagan los españoles no pertenece al Gobierno de turno. Tampoco debe evaluarse como una exhibición de sus amistades. Convertir la Cumbre Iberoamericana en un recuento de aliados agradecidos y adversarios ausentes confunde el interés nacional con la reputación del presidente. El dinero público no compra afectos.

La reunión celebrada en Madrid contó con siete de los 19 jefes de Estado americanos invitados, aunque todos los países participantes estuvieron representados mediante distintos niveles institucionales. Predominaron los presidentes de derecha y faltaron los de México, Brasil y Uruguay. España aporta el 60% de los gastos de la Secretaría General Iberoamericana. Sánchez, por su parte, no asistió a la anterior cumbre, celebrada en Cuenca, Ecuador, y envió a Albares para acompañar a Felipe VI.

Esa contribución económica justifica exigir al Ejecutivo una dedicación sostenida. No le concede derecho a una audiencia presidencial completa cuando le toca recibir. La reciprocidad diplomática importa, pero no funciona como una factura: tanto pongo, tantos mandatarios me deben una visita. Los gobiernos extranjeros representan intereses propios, no obligaciones sentimentales con Moncloa.

La ausencia de Sánchez en Cuenca merece crítica por una razón institucional, no psicológica. Si España sostiene este espacio de cooperación, su presidente debe tratarlo con continuidad también cuando el anfitrión es otro. La presencia del Rey no convierte en irrelevante la del Gobierno. Son responsabilidades distintas. Ninguna sustituye automáticamente a la otra.

Pero tampoco cabe deducir de las sillas vacías una represalia coordinada ni de las ocupadas un respaldo político. Eso sería atribuir intenciones sin acreditarlas. El balance exige mirar la cooperación conseguida y el uso de los recursos, no colocar etiquetas ideológicas a los invitados para declarar una victoria o una humillación.

La exigencia liberal es doble: compromiso institucional del gobernante y escrutinio del gasto por el ciudadano. Ni adhesiones compradas ni ceremonias inmunes a la evaluación. España financia una institución. No una clientela.

Fuente: abc.es · leer el original