El consenso agrario no da derecho a sostener los precios por decreto

El Gobierno no debe convertir el interés de un sector por sostener sus precios en una obligación para todos sus productores. La cuestión no es si al agricultor le conviene esperar para vender. Puede convenirle mucho. La cuestión es quién decide esa espera y quién soporta sus consecuencias. El consenso no concede ese derecho.

La resolución firmada por Luis Planas, reclamada por organizaciones agrarias y celebrada por la Junta de Andalucía, obliga a cada almazara a guardar el 12% de su producción, sin remuneración, hasta septiembre de 2027. El ministro sostiene que el consumidor no lo notará en el bolsillo; el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco explica que limitar la oferta con la misma demanda elevará los precios. Los envasadores de Anierac anuncian un recurso contra la resolución y FACUA también la rechaza.

Almacenar puede ser una decisión empresarial perfectamente razonable. Un productor puede preferir esperar, asumir el coste del depósito y confiar en una venta posterior más favorable. Pero la libertad consiste también en poder equivocarse en sentido contrario: vender ahora, obtener liquidez y no apostar por una recuperación del precio. La obligación borra esa elección. Esperar deja de ser una estrategia.

Tampoco basta con que las organizaciones agrarias hayan solicitado la medida. Representar intereses no equivale a disponer de la mercancía de cada representado. Una petición colectiva puede expresar una preocupación legítima sin justificar una imposición general. El productor que necesita vender no es menos agricultor que el que puede permitirse guardar.

La coincidencia del ministro socialista y la administración andaluza del PP tampoco resuelve el problema. Lo desplaza fuera de la disputa partidista, que es distinto. Cuando ambos poderes respaldan la misma restricción, el ciudadano no recibe dos garantías independientes: recibe una decisión compartida. La unanimidad no abarata la compra.

No hace falta prometer cuánto subirá una botella para discutir esta intervención. Basta con examinar el mecanismo: se impide comercializar una parte de lo producido. Defender el campo no obliga a blindarlo frente a toda bajada del mercado, como defender al comprador tampoco autoriza a imponer cualquier precio al agricultor. El aceite tiene dueño. La Administración no debería decidir por él cuándo venderlo.

Fuente: abc.es · leer el original