Sánchez blinda el fracaso

La responsabilidad política no termina donde empieza la confianza del presidente. Sostener a Óscar Puente tras la colisión de dos trenes en Urda, con al menos 69 muertos y las causas todavía sin esclarecer, no convierte su gestión en intachable. El respaldo presidencial no es una absolución política. Un ministro ocupa su despacho para dirigir un servicio esencial, no para exhibir el aval de quien lo nombró. Confundir ese aval con una respuesta degrada el cargo y vacía el control democrático.

El relato de Puente retrata la inversión: Sánchez rechazó su salida porque no era culpable del accidente y le trasladó que su continuidad no obstaculizaba el proyecto político del Gobierno. Para un ministro de Transportes, curioso examen de permanencia: no estorbar al proyecto. El viajero queda fuera de esa medida; el presidente, en el centro. La dimisión no es una confesión ni la responsabilidad ministerial una pena. Esperar una sentencia para juzgar una gestión convierte la rendición de cuentas en una sala de espera judicial.

Encajar las 170 interrupciones del sistema LZB en la media europea no salva el argumento de Puente: él mismo admite que el mantenimiento nocturno perjudica la puntualidad y la fiabilidad. La media europea no repara una avería. La estadística sirve para comparar, no para dar por resuelta la gestión. Esa admisión no prueba la causa de Urda, pero sitúa el funcionamiento del ferrocarril en el terreno de la responsabilidad política. Normalizar una incidencia no la resuelve. El respaldo de Sánchez tampoco arregla lo que el propio ministro reconoce que funciona mal.

Un Estado limitado no es un Estado con permiso para fallar en sus funciones esenciales. La libertad de elegir operador necesita una infraestructura fiable: la competencia no administra por arte de magia la red. Tampoco el dinero público convierte el gasto en eficacia. El balance se mide en resultados, no en adhesiones ni en partidas presupuestarias. El viajero compra un trayecto, no un curso de comprensión de las excusas del poder. El contribuyente paga un servicio, no el blindaje de su responsable.

Al sostener a Puente, Sánchez compromete su propia autoridad y fija el precio de la responsabilidad dentro de su Gobierno. La responsabilidad política de Puente se salda con su salida. No se trata de atribuirle una culpa sin esclarecer, sino de rechazar que la confianza presidencial clausure el examen de su gestión. Mantenerlo por conveniencia del proyecto gubernamental pondría el interés del poder por encima de la confianza ciudadana. El blindaje protege al ministro, no al viajero.