Proteger al PP no es un favor

El Gobierno vasco fracasa políticamente cuando la seguridad de una candidatura depende de que renuncie a hacer campaña. La cancelación del recorrido del PP por Gipuzkoa tras el ataque denunciado en Hernani retrata ese fracaso. La libertad electoral no termina en el derecho a presentar una lista. También incluye poder defenderla ante los ciudadanos.

El PP denuncia que un grupo de jóvenes, algunos encapuchados, lanzó petardos, huevos y piedras contra su candidato, Jon Echeverría, y su equipo en la plaza de los Tilos. El acto no llegó a celebrarse y los populares anularon el recorrido previsto por el territorio. La formación condiciona sus próximos actos a contar con garantías de seguridad y reprocha a la Ertzaintza su incapacidad para protegerlos. La consecuencia rebasa el lugar del incidente.

No pierde solo el candidato. Pierde quien quería escuchar. La libertad de campaña permite acercarse a un representante, contrastar propuestas y discutir con él sin que una minoría seleccione las voces admitidas. También pertenece a quienes nunca votarían al PP. Si la intimidación restringe la presencia de un partido, limita las opciones de todos: permite que unos pocos decidan qué propuestas pueden defenderse en la plaza. La papeleta no devuelve la conversación impedida.

La Ertzaintza es el instrumento; la responsabilidad política pertenece al Gobierno vasco. Descargarla sobre los agentes sería una comodidad para el poder, no una respuesta al problema. La seguridad es una obligación pública. Su resultado no se mide por disponer de un cuerpo policial, sino por la posibilidad de ejercer derechos sin aceptar vetos privados. Administrar el miedo no es garantizar la libertad. Un itinerario reducido para evitar amenazas no acredita una campaña protegida.

Protestar contra el PP también es una libertad. Discrepar no concede derecho de expulsión. La frontera está en la conducta: un grito crítico forma parte de la discusión; lanzar objetos para interrumpir un acto sustituye el argumento por la coacción. Proteger al candidato frente a ese comportamiento no concede privilegios a su partido. Le permite competir bajo las mismas reglas que sus adversarios. Eso es igualdad ante la ley, no favoritismo.

Aceptar como solución estable que los partidos celebren actos solo donde nadie amenace premiaría la intimidación: bastaría elevar el riesgo para borrar al adversario del recorrido. La prudencia de quien cancela es comprensible; convertirla en criterio de protección pública sería una rendición. eldiarioLIBERAL defiende que los partidos elijan dónde hacer campaña y la autoridad garantice su seguridad. La amenaza no da derecho de admisión.