Interior, hasta aquí

La jueza Beatriz Biedma acierta al cerrar a Interior el atajo de los interrogatorios internos. Según el informe de la UCO, los frenó por considerarlos una injerencia en sus competencias sobre la investigación a David Sánchez, hermano del presidente. Ahí acaba la comodidad de llamar supervisión a cualquier actuación del superior. Mandar sobre los agentes no permite disponer de las pesquisas que realizan para una jueza.

En el expediente sobre los mensajes de Sánchez y Ábalos, la credibilidad de la cúpula tropieza con una contradicción elemental: la UCO afirma que fue investigada durante una semana pese a los datos que la desvinculaban de la filtración, mientras Manuel Llamas y Mercedes González cuestionaron ante el juez que esa investigación reservada llegara a abrirse. Extraño control interno, cuya propia existencia necesita aclaración. El rango no decide si un expediente existió. Ahí cuentan los documentos contrastados ante el juez, no la autoridad de quien ofrece la versión.

Que Llamas asegure haber actuado tras las llamadas de Fernando Grande-Marlaska y González, en el episodio del correo de Begoña Gómez, no ensancha las competencias de Interior. Su defensa sostiene que se limitó a investigar la difusión de datos personales: una finalidad que no contesta la objeción judicial, sino que cambia de pregunta. Invocar la intimidad no resuelve con qué autoridad se interroga a los agentes de una causa.

El daño posible va más allá de la información que pueda recabarse. La presión puede funcionar sin una orden explícita. Si una diligencia incómoda expone al agente al examen de sus superiores, su cálculo profesional puede desplazarse de averiguar los hechos a evitarse problemas. La obediencia administrativa acabaría compitiendo con el encargo judicial. No hace falta atribuir intenciones para advertir el riesgo: bastaría ese incentivo para enfriar las pesquisas que rozan al poder.

La UCO no queda por ello fuera de control. Sus informes no son sentencias, y una irregularidad no merece amparo por aparecer en una investigación sensible. Pero investigarla por los cauces competentes es lo contrario de entregar a la jerarquía política una revisión paralela de las diligencias. Confundir ambas cosas ofrece una trampa perfecta: presentar cualquier límite a Interior como un privilegio de los agentes.

Cuando las pesquisas afectan al entorno de Sánchez, ese límite cobra toda su importancia. El Gobierno no puede administrar a la vez la incomodidad de una causa y las condiciones en que se investiga. La jueza no protege un cuerpo frente a otro: impide que la dependencia profesional del investigador se convierta en dependencia judicial de su trabajo.

La jueza no tiene un superior en Interior.