El PNV castiga cooperar

El PNV reclama dimisiones por una cooperación que cruza su frontera identitaria. Pedir la salida de los alcaldes de Andoain y Tolosa, ambos de EH Bildu, porque sus policías locales participaron en prácticas de tiro con la Guardia Civil en Intxaurrondo convierte la formación en una falta política. El servicio queda subordinado al permiso del partido. La cuestión deja de ser qué aporta una actividad para convertirse en quién resulta admisible como colaborador.

La optimización de recursos que proclama la dirección guipuzcoana del PNV, presidida por María Eugenia Arrizabalaga, tropieza con su propia censura. Promover la colaboración entre la Ertzaintza y las policías locales mientras se reprueban unas prácticas con la Guardia Civil reduce la eficiencia a una selección de compañías. Optimizar supone comparar opciones. Descartar una por su procedencia, con independencia de su utilidad, recorta el cálculo y convierte el aprovechamiento de recursos en una promesa con excepciones identitarias.

Otegi invierte el orden más elemental del juicio: reconoce que desconoce la polémica, pero considera que esas prácticas serían un error muy grave. La condena llega antes que el conocimiento. Contenidos, condiciones y resultados pueden esperar; la descalificación, no. Su intervención no abre una discrepancia con el PNV sobre la calidad de la formación: refuerza la frontera que ambos anteponen a valorarla. Para coincidir en el rechazo ni siquiera necesitan compartir información.

Una objeción competencial se sostiene identificando la atribución vulnerada y la actuación que la invade. El nombre de Intxaurrondo no hace ese trabajo. Compartir instalaciones no equivale a ceder el mando. Si hay una infracción, se discute esa infracción; si la objeción depende del cuerpo con el que se practica, presentarla como rigor institucional solo disfraza el rechazo. La competencia delimita responsabilidades, no convierte cada recurso ajeno en material políticamente prohibido.

La petición de dimisiones agrava el disparate porque salta de discutir una actividad a cuestionar la continuidad de los alcaldes. Ese salto marca el coste de cooperar. Si aprovechar medios ajenos expone al responsable municipal a una reclamación de salida, evitar el contacto se vuelve la opción políticamente cómoda, aunque no sea la más útil. La factura no se mide solo en la práctica censurada, sino en las colaboraciones que esa presión puede desalentar.

El autogobierno se empequeñece cuando necesita demostrar su identidad evitando contactos. Disponer de competencias propias permite decidir; someter cada colaboración a una prueba partidista recorta esa capacidad desde dentro. Reconocer a las instituciones comunes como interlocutoras no borra ninguna identidad ni rebaja a otro cuerpo policial. Arrizabalaga y Otegi convierten esa posibilidad de entendimiento en motivo de sospecha: una autonomía más pendiente de mantener distancias que de aprovechar sus opciones.

La pureza identitaria no entrena policías.