Demorar también es gastar

El contribuyente queda expuesto a una factura creciente por la resistencia del Gobierno de Sánchez a pagar a E.ON. La defensa judicial del Estado no concede al Ejecutivo un cheque en blanco para comprometer dinero ajeno. Prolongar la disputa sin frenar su coste es una gestión irresponsable. La demora también es una decisión de gasto. Y el dinero no es suyo.

La energética alemana reclama ante la justicia estadounidense más de 345 millones de euros por los cambios regulatorios que alteraron la remuneración de sus inversiones en renovables. El CIADI, organismo vinculado al Banco Mundial, condenó a España a indemnizarla. La compañía denuncia que no ha cobrado y que el impago ha añadido más de 30 millones en intereses. España ha cuestionado la competencia de los tribunales estadounidenses para estos procedimientos, pero el Supremo de ese país rechazó revisar uno de los casos y dejó en pie los precedentes impugnados. La nueva demanda sigue pendiente de resolución.

Ese revés estrecha el margen para presentar la resistencia como una defensa del presupuesto. El Gobierno puede discutir la posición del acreedor, pero cada nuevo escrito tiene sentido económico por sus posibilidades reales de éxito, no por los días que añada al calendario. Un recurso no es un ahorro. Comparar el coste previsible de continuar con el de resolver la deuda forma parte de gobernar. Los precedentes adversos pesan en ese cálculo. Que la controversia se tramite lejos de La Moncloa no aleja de Sánchez la responsabilidad por su coste.

El origen del conflicto tampoco convierte la seguridad jurídica en una defensa de subvenciones perpetuas. Reformar la remuneración de una actividad puede ser legítimo; desconocer los compromisos asumidos tiene consecuencias. La soberanía no borra las obligaciones. Una economía de mercado necesita libertad para invertir y reglas que también aten al poder. El control de los tribunales protege ese límite. Si el inversor incorpora a sus cálculos el riesgo de que el Estado cambie las condiciones y después retrase las compensaciones, futuros proyectos pueden encarecerse o descartarse. La inseguridad se descuenta por adelantado.

Los intereses consumen presupuesto sin ofrecer ningún servicio nuevo. Cada demora compromete recursos futuros. Aquí está la comodidad del poder: el Gobierno conserva la facultad de seguir litigando y el contribuyente carga con el riesgo. Lo gastado en esperar ya no queda disponible para otras prioridades o para aliviar impuestos. eldiarioLIBERAL defiende negociar el pago a E.ON para frenar la acumulación de intereses. La demora no se paga con escritos.