La ayuda a un padre no debe depender de cómo se clasifique el crimen

La asistencia pública a quien pierde un hijo asesinado debe responder al daño sufrido, no al sexo del progenitor superviviente. Ese es el suelo de igualdad exigible. Después vendrán las categorías, las estadísticas y las políticas específicas. El auxilio no puede esperar al diccionario.

Juan Soto Ivars relata el caso de Eugenio, padre de Olivia, asesinada por su madre después de que la Justicia le concediera a él la custodia. Describe su casa llena de fotografías y su costumbre de tumbarse en el nicho contiguo al de la niña para hablar con ella. También sostiene que el padre no recibió ayuda psicológica ni acompañamiento para las gestiones posteriores a la muerte, y denuncia que Olivia queda fuera del reconocimiento como víctima de violencia vicaria por haberla matado una mujer.

Conviene separar dos cuestiones. Una categoría puede delimitar un fenómeno concreto sin abarcar todos los crímenes que se le parecen. Esa delimitación puede ser útil para investigar causas y diseñar prevención. Pero no basta para justificar una diferencia de asistencia entre personas con necesidades equivalentes. Clasificar no es auxiliar.

La respuesta liberal no consiste en competir por la etiqueta más dolorosa. Consiste en exigir que el ciudadano tenga derechos frente a la Administración sin necesitar una identidad favorecida por el relato del momento. La atención psicológica y la orientación ante los trámites deberían tener una puerta de entrada reconocible: la necesidad de la víctima. No su utilidad argumental.

Tampoco hace falta convertir este caso en una impugnación de toda protección específica a las mujeres. Sería sustituir una exclusión por otra disputa de banderas. Una ayuda especializada puede convivir con una garantía común. Lo que debe justificarse es cualquier desamparo, no la existencia de otros beneficiarios.

Hay, además, una libertad íntima que merece respeto: vivir el duelo sin ajustarse al comportamiento que los demás consideran cómodo. Eugenio no tiene por qué ofrecer una imagen tranquilizadora de su pérdida para merecer apoyo.

El Estado puede clasificar los delitos. No debe jerarquizar a los dolientes.

Fuente: abc.es · leer el original