E.ON reclama a España más de 345 millones en EEUU por los recortes a las renovables

E.ON presentó el 4 de noviembre una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia para exigir a España una indemnización que, con los intereses acumulados, supera los 345 millones de euros. La reclamación deriva de los cambios regulatorios que afectaron a sus inversiones en energías renovables.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, condenó a España el 18 de enero de 2024 a abonar 253,7 millones de euros de indemnización y otros 60,7 millones en intereses acumulados hasta entonces. Según E.ON, el impago ha añadido más de 30 millones de euros en intereses.

La empresa alemana invirtió en activos eólicos e hidráulicos españoles entre 2007 y 2011. El conflicto tiene su origen en las modificaciones regulatorias aprobadas entre 2010 y 2014, que alteraron las condiciones de remuneración de las inversiones. Las reformas buscaban corregir los desequilibrios financieros del sistema eléctrico, pero distintos tribunales arbitrales concluyeron que determinadas medidas vulneraron los compromisos internacionales de protección de las inversiones asumidos por España.

Para las cuentas públicas, la reclamación incorpora tanto la indemnización como el coste del tiempo transcurrido sin pagar. Los intereses adicionales elevan la cantidad exigida al Estado y, con ella, la exposición económica de los contribuyentes. El procedimiento estadounidense deberá resolver ahora la petición de E.ON.

Los tribunales de Estados Unidos ya han reconocido trece reclamaciones relacionadas con los arbitrajes por los recortes renovables, por aproximadamente 934,7 millones de euros. Los nueve primeros casos —Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure, BayWa y Eurus/Toyota— sumaban unos 836,6 millones.

En octubre se añadieron las resoluciones favorables a OperaFund, Schwab, Steag y Renergy, por más de 98 millones de euros. Si E.ON obtiene una decisión favorable, las cantidades reconocidas en esa jurisdicción podrían superar los 1.280 millones, incluidos los intereses estimados de su reclamación.

España ha cuestionado la competencia de los tribunales estadounidenses en estos procedimientos. El 29 de junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó revisar uno de esos casos, lo que dejó en pie los precedentes impugnados.

Paralelamente, los acreedores han promovido investigaciones patrimoniales para identificar cuentas, bienes y movimientos financieros vinculados al Estado español. Estas actuaciones han alcanzado a la Reserva Federal de Nueva York y a The Clearing House, responsable del sistema de pagos CHIPS, con el objetivo de localizar activos para posibles solicitudes de embargo.

El reconocimiento de un laudo no supone, por sí solo, el embargo de bienes públicos: su ejecución está sujeta a garantías procesales y a las reglas de inmunidad soberana. Los inversores también han impulsado actuaciones judiciales en Reino Unido, Australia y Singapur.

Fuente: Libertad Digital · leer el original