Aprovechar edificios vacíos para vivienda exige facilitar el cambio de uso, no rebajar la seguridad
La reconversión de oficinas y naves merece una vía urbanística practicable. Pero aprovechar lo construido no convierte cualquier inmueble en habitable ni elimina el riesgo de quien financia la obra.
Facilitar la transformación de edificios vacíos en viviendas es una opción que merece apoyo, siempre que la simplificación administrativa no sustituya las garantías técnicas. El objetivo razonable no es autorizar cualquier conversión, sino permitir que los proyectos viables puedan desarrollarse con reglas claras y exigencias justificadas.
La arquitecta Ana Pradillo, fundadora de Gualmo Studio, ha defendido en una entrevista en Kilómetro Cero que intervenir sobre un edificio existente resulta más barato y rápido que levantarlo entero. Pero su explicación incorpora un límite decisivo: no todos los inmuebles admiten esa transformación. Aprovechar una estructura es una ventaja de partida, no un certificado de viabilidad residencial.
El primer filtro está en el planeamiento. Según Pradillo, los usos del suelo determinan qué edificios pueden reconvertirse, aunque instrumentos como los planes especiales permiten abrir esa posibilidad. Por eso, el debate no debería quedarse en la capacidad del arquitecto para distribuir habitaciones: también debe examinar qué transformaciones permite la normativa urbanística.
El segundo filtro es la seguridad. La arquitecta plantea actuar sobre edificios completos en antiguas zonas industriales o logísticas y advierte de los problemas de evacuación y extinción que supondría mezclar plantas industriales, oficinas y viviendas. Esta cautela importa tanto como el ahorro: facilitar un cambio de uso no equivale a considerar compatibles todas las actividades.
También conviene identificar quién asume la operación. Pradillo recuerda que el promotor arriesga su capital, contrata al arquitecto y paga el ICIO y las tasas urbanísticas. Su crítica a la burocracia incluye una asimetría concreta: el técnico dispone de diez días para responder, frente a unos plazos administrativos que considera excesivos. Exigir diligencia al particular debería acompañarse de una exigencia equivalente a la Administración.
La conclusión no es que cualquier nave deba convertirse en vivienda. Es que conservar las garantías de habitabilidad y seguridad resulta compatible con revisar las barreras urbanísticas y exigir agilidad administrativa. Aprovechar lo ya construido merece una oportunidad, no una autorización indiscriminada ni una carrera de obstáculos.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Este artículo es una pieza de opinión.
Nuestro métodoComentarios (0)
Cargando comentarios…
