El Gobierno debe seguir gobernando, no hacer campaña a cuenta del contribuyente

El derecho a seguir gobernando durante una campaña no incluye el derecho a financiarla con los recursos del Gobierno. La distinción importa. También cuando resulta incómoda para quien manda. Un Ejecutivo no debe paralizarse porque se acerquen las urnas, pero tampoco puede presentar cada instrumento del Estado como una propiedad electoral.

Pedro Sánchez ha anunciado cinco consejos de ministros antes de las elecciones, dos de ellos extraordinarios. Ese calendario acredita actividad prevista, no demuestra por sí solo un uso partidista de las instituciones. La cuestión es qué decisiones se adopten y cómo se comuniquen, no cuántas veces se reúna el gabinete.

Contar reuniones es una fiscalización demasiado cómoda. Una convocatoria extraordinaria puede estar justificada; una ordinaria puede utilizarse para hacer propaganda. El calendario no absuelve ni condena. El criterio liberal exige examinar el uso concreto del poder, sin regalar al Gobierno una patente de inocencia ni convertir cualquier decisión suya en una infracción imaginaria.

La frontera está en la finalidad. Explicar una medida permite al ciudadano conocer sus efectos y juzgar a sus responsables. Pedir adhesión al partido desde ese mismo espacio utiliza una ventaja que no pertenece al candidato. El cargo presta autoridad; no entrega la propiedad de los medios públicos. Moncloa no es una sede electoral.

Tampoco sirve exigir silencio institucional. Los ciudadanos necesitan información sobre las decisiones que les afectan, haya elecciones o no. Confundir información con propaganda favorece dos abusos opuestos: justificar cualquier promoción del gobernante o reclamar que deje de rendir cuentas. Ninguno protege al contribuyente.

El control debe preservar esa diferencia, no sustituirla por simpatías. La misma regla debe valer para Sánchez y para quien aspire a reemplazarlo. Si una práctica resulta intolerable cuando beneficia al adversario, no se vuelve legítima al cambiar el ocupante del despacho. El dinero público no adquiere color de partido con cada relevo.

Gobernar es una obligación. Hacerse reelegir es un interés de parte. La factura no debe confundirse.

Fuente: abc.es · leer el original