Conpymes estima un impacto de entre 1.850 y 4.560 millones por la huelga del 11 de noviembre

La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) calcula que la huelga general del 11 de noviembre tendrá un impacto económico directo de entre 1.850 y 4.560 millones de euros, según el respaldo laboral que alcance. La organización ha difundido este domingo un comunicado en el que expresa su oposición a la convocatoria.

Para elaborar esa estimación, Conpymes toma como referencia un producto interior bruto de España situado en torno a los 1,69 billones de euros, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, y aplica modelos macroeconómicos de afectación para jornadas de paro general.

El escenario de mayor afectación, del 70 %, supondría una ralentización de la actividad por valor de 4.560 millones de euros, equivalente al 0,27 % del PIB anual. Con una afectación del 30 %, la alteración directa sería de 1.850 millones, el 0,11 % del PIB anual.

La patronal prevé que los servicios mínimos, el teletrabajo y la decisión mayoritaria de pymes, micropymes y autónomos no asalariados de continuar trabajando eviten una paralización total del país.

Para los pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia, Conpymes sitúa el riesgo en los ingresos diarios y los márgenes del negocio. Sostiene que estos profesionales mantendrán su actividad para preservar la facturación, pero que la suspensión temporal de las ventas en su entorno de consumo presionará sus márgenes, al carecer de colchones financieros corporativos.

La organización reconoce que la dificultad para acceder a una vivienda y el coste de la vida requieren una intervención decidida. Sin embargo, considera que paralizar los centros de trabajo no es una vía eficaz para resolver esos problemas de política pública.

Su presidente, José María Torres, propone generar certidumbre, movilizar suelo público y canalizar los recursos de forma eficiente. Advierte de que el paro restará capacidad financiera a pymes y autónomos sin resolver las dificultades habitacionales.

Conpymes solicita a las administraciones públicas que garanticen la libertad de trabajo de los empleados y empresarios que opten por mantener su actividad durante la jornada.

Fuente: Libertad Digital · leer el original