Cinco entidades piden un pacto de Estado contra el suicidio con financiación estable y atención sin demoras

Hablar Salva, la Fundación ANAR, el Teléfono de la Esperanza, La Barandilla y la Asociación Sara Jiménez han reclamado a las formaciones políticas un pacto de Estado para la prevención del suicidio. Su propuesta busca asegurar recursos estables, reforzar los equipos profesionales y ofrecer atención ágil y continuada, sin esperas de meses para quienes atraviesan una crisis.

Las cinco entidades han enviado una carta a los principales partidos para solicitar encuentros con sus responsables de Sanidad y Educación. Quieren presentarles once compromisos y convertir el consenso parlamentario alcanzado en la pasada legislatura en un acuerdo con desarrollo legislativo vinculante.

La petición llega tras las 3.808 muertes por suicidio registradas en España en 2025, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística citados por las organizaciones. Las entidades subrayan que la prevención necesita medidas específicas y sostenidas, además de los avances generales en salud mental.

Vicky Nieto, presidenta de Hablar Salva, ha pedido que esta cuestión entre en las propuestas de los partidos durante la precampaña electoral. Reclama que los compromisos y la financiación se mantengan con independencia de quién gobierne y advierte de que animar a pedir ayuda no basta si después esa atención se demora.

Las asociaciones consideran que el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 constituye un primer paso, pero sostienen que no ha resuelto las listas de espera ni la falta de profesionales. Por ello, solicitan más financiación y una respuesta coordinada que reduzca las desigualdades territoriales en el acceso a la asistencia.

La Fundación ANAR señala que en 2025 atendió más de 6.000 casos de riesgo en niños y niñas. Las organizaciones también exponen el caso de una joven que sufrió una crisis suicida a los 15 años: recibió una primera valoración en siete días, pero la segunda cita se demoró tres meses. Su familia recurrió a terapia privada para mantener la continuidad de la atención.

La propuesta incluye educación emocional desde la infancia y formación para docentes, familias y profesionales, con el fin de detectar señales de riesgo y acompañar a quienes necesitan ayuda. Las entidades reclaman asimismo campañas estatales sostenidas para reducir el estigma y facilitar que las personas puedan hablar de su sufrimiento.

Entre las medidas planteadas figuran también una comunicación responsable en medios y plataformas digitales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y una mayor difusión de los recursos de ayuda disponibles.

Fuente: Libertad Digital · leer el original