Bruselas acusa a Temu de incumplir la ley digital por sus controles sobre productos ilegales
La Comisión Europea cuestiona la vigilancia de las mercancías y las medidas contra los vendedores reincidentes. La plataforma podrá presentar alegaciones antes de una eventual sanción de hasta el 6% de su facturación mundial anual.
La Comisión Europea ha notificado este martes, 17 de noviembre, a Temu sus conclusiones preliminares por un presunto incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. El Ejecutivo comunitario considera que la plataforma no aplica los protocolos necesarios para combatir la distribución de productos ilegales y peligrosos en el mercado europeo.
El expediente abre ahora una fase de alegaciones en la que la compañía podrá aportar documentación para su defensa. Si la investigación confirma las irregularidades, Bruselas podría imponerle una multa de hasta el 6% de su facturación global anual y exigir cambios operativos para que pueda seguir prestando sus servicios en la Unión Europea.
Uno de los principales reproches se dirige a la comprobación de las mercancías. Los inspectores comunitarios sostienen que Temu se limita a revisar formularios y rechaza sistemáticamente los exámenes físicos. Señalan la ausencia de inspecciones directas en categorías que la propia empresa identifica como de alto riesgo, entre ellas juguetes infantiles, electrónica y cosmética.
Para los consumidores, el procedimiento afecta a los controles de seguridad de artículos ofrecidos en una plataforma con más de 120 millones de clientes activos al mes en el mercado común. La vicepresidenta de la Comisión Henna Virkkunen ha defendido que las grandes plataformas tienen la obligación legal de proteger a los compradores frente a los productos ilegales e inseguros.
Bruselas también cuestiona el sistema de moderación. Según sus conclusiones preliminares, actúa cuando los anuncios ya han llegado al público, en lugar de aplicar filtros previos. La Comisión considera además insuficiente el número de revisores frente al volumen de artículos.
Otro punto del expediente son las medidas contra los infractores. Los investigadores reprochan a Temu que penalice tiendas pantalla aisladas, pero no a los distribuidores que están detrás. También sostienen que permite tratar a vendedores reincidentes como si fuera su primera infracción.
La actuación se suma a la multa de 200 millones de euros que la Comisión impuso a Temu el pasado mayo por desatender la evaluación de riesgos obligatoria. Bruselas mantiene además abiertos otros expedientes sobre posibles diseños orientados a la adicción, la transparencia de sus algoritmos de recomendación y el acceso de los investigadores a sus datos internos.
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