Abrir la judicatura no es ajustar la ideología de los jueces
Reducir las barreras económicas para acceder a la carrera judicial fortalece la igualdad de oportunidades. Medir el éxito de esa reforma por las preferencias políticas de los seleccionados pondría en peligro su finalidad.
La selección de jueces debe abrirse al talento, no orientarse hacia una composición ideológica considerada conveniente. Son objetivos distintos. Confundirlos convierte una reforma defendible —que el dinero familiar no decida quién puede competir— en una herramienta para corregir políticamente a quienes deben controlar al poder. La igualdad abre puertas. No prescribe las ideas del seleccionado.
El catedrático de Derecho Penal Juan Antonio Lascuraín describe un acceso a la judicatura que exige más de cinco años de oposición, con gastos y sin ingresos, pese al desarrollo de las becas. Cuestiona el peso de la memorización y propone una detección más rápida del talento seguida de formación remunerada y selectiva. Vincula también las barreras económicas con un sesgo conservador de la carrera y defiende una judicatura que refleje razonablemente al cuerpo social, aunque advierte del peligro de hablar de representación.
La propuesta económica merece atención por sí misma. Si un aspirante capaz abandona porque no puede sostener la preparación, la selección pierde talento antes de examinarlo. Remunerar una fase formativa exigente permitiría afrontar ese obstáculo sin regalar una plaza. Pagar por formarse no equivale a aprobar. La exigencia debe permanecer; la dependencia del patrimonio familiar, no.
También importa qué se examina. Conocer las leyes es indispensable, pero recordarlas y aplicarlas no son la misma competencia. Una reforma tendría sentido si comprobara mejor la capacidad de interpretar, argumentar y resolver contradicciones. Acortar el recorrido carecería de valor si únicamente trasladara la arbitrariedad a una entrevista. Menos resistencia económica; igual o mayor rigor.
El argumento ideológico, en cambio, introduce un criterio que no debería gobernar la reforma. La pluralidad social puede enriquecer una institución, pero la legitimidad de una sentencia no depende de que quien la dicta comparta las preferencias del ciudadano. Tampoco las del Parlamento. Un juez no recibe un mandato electoral ni debe compensar con sus decisiones la orientación de sus compañeros.
Precisamente por eso conviene separar ambas discusiones. Eliminar barreras de acceso es justo aunque los nuevos jueces piensen igual que los anteriores. Y seguiría siendo insuficiente aunque produjera el reparto político deseado. La prueba de una buena selección es la competencia y la independencia de quienes la superan, no la satisfacción de quienes gobiernan.
La reforma debe permitir que llegue quien vale, no quien equilibra una estadística ideológica. Abrir la puerta no autoriza a elegir las conciencias.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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