Vox propone gravar las remesas al extranjero sin fijar el tipo del impuesto

Vox plantea crear un impuesto sobre las remesas de dinero enviadas al extranjero. La medida figura en la propuesta número 21 de su programa electoral, dentro del apartado dedicado a la inmigración, y se encuadra en su planteamiento de prioridad nacional. El partido de Santiago Abascal sostiene que el dinero generado en España debe mejorar la economía y los servicios de quienes viven en el país.

El programa no establece el porcentaje del gravamen ni posibles cantidades exentas. Tampoco determina si se aplicaría a cualquier persona que enviase dinero al exterior. Esos elementos definirían tanto quién tendría que pagarlo como el coste para los remitentes.

Para quienes transfieren periódicamente dinero a familiares en otros países, la propuesta supondría añadir una carga fiscal al envío si quedaran sujetos al nuevo impuesto. Actualmente, el envío de esas ayudas familiares periódicas no implica por sí mismo el pago de impuestos en España, aunque los países receptores pueden tener su propia regulación.

El encaje europeo de la medida dependería de su redacción. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea protege la libre circulación de capitales y pagos entre Estados miembros y con terceros países. El artículo 64 contempla determinadas restricciones respecto a países extracomunitarios, pero vinculadas a inversiones específicas, en las que un gravamen sobre remesas familiares podría no encajar.

La eventual diferenciación del impuesto por nacionalidad también podría entrar en conflicto con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. La propuesta abre, además, la cuestión de qué manifestación de riqueza gravaría, dado que los fondos enviados suelen proceder de salarios que ya han tributado por IRPF.

Según el Banco de España, las remesas al exterior sumaron 12.405 millones de euros al cierre de 2025, algo más del 0,7% del PIB. Colombia fue el principal destino, con 2.022 millones, seguida de Marruecos, con 1.589 millones, y Ecuador, con 986 millones.

El Consejo Económico y Social señala que estas transferencias tienen un impacto limitado sobre la balanza de pagos española, pero representan una fuente relevante de financiación para las economías receptoras.

En España no existe un límite legal máximo para enviar dinero a familiares en el extranjero. Las operaciones están sujetas a controles contra el blanqueo y el fraude, con identificación del remitente y justificación de los fondos.

Fuente: abc.es · leer el original