Urda exige rendición de cuentas, no una causa decidida de antemano

La respuesta a la catástrofe de Urda debe combinar dos exigencias: control político inmediato y esclarecimiento técnico sin culpables predeterminados. No son objetivos incompatibles. Confundirlos permite que el Gobierno se refugie en la complejidad del accidente o que sus adversarios presenten una explicación política como si fuera una prueba.

El desastre llega nueve meses después del de Adamuz. Esa sucesión justifica una exigencia reforzada de explicaciones al Ministerio de Transportes. No demuestra, por sí sola, que ambos episodios compartan una causa ni que respondan a una misma decisión administrativa. La gravedad de lo ocurrido obliga a preguntar más, no autoriza a dar por contestadas las preguntas.

Óscar Puente ha comparecido en rueda de prensa y tiene prevista una intervención en el Congreso el martes. El valor de esas comparecencias debe medirse por la información que permitan conocer: qué decisiones se adoptaron, qué controles correspondían a cada responsable y qué documentación puede someterse a escrutinio. La capacidad para disputar el relato no equivale a capacidad para explicar la gestión.

También conviene separar responsabilidades. Un ministro no necesita haber causado personalmente un fallo para responder por el funcionamiento de su departamento. Pero exigirle cuentas tampoco permite atribuirle una responsabilidad técnica que deba acreditarse. El control parlamentario tiene una función propia: examinar decisiones, prioridades y mecanismos de supervisión.

La misma cautela debe proteger a los trabajadores. Un eventual error humano requiere pruebas y una explicación de las condiciones en las que se produjo. No debería servir como conclusión anticipada para cerrar el examen de la organización. Tampoco cabe descartarlo únicamente porque resulte políticamente conveniente mirar hacia la dirección.

Para los ciudadanos, la cuestión es concreta: necesitan utilizar una infraestructura pública con garantías y saber cómo se vigila su seguridad. Esa confianza no se recupera mediante adhesiones partidistas, sino haciendo comprobable la actuación de quienes administran el servicio.

Urda exige menos certezas declamadas y más responsabilidades delimitadas. La alternativa al enfrentamiento no es la indulgencia con el poder: es un escrutinio suficientemente riguroso para que ninguna autoridad pueda sustituir las explicaciones por una defensa de sus siglas.

Fuente: elmundo.es · leer el original