Urda exige examinar la gestión de la seguridad, no solo la última orden

La responsabilidad política por el accidente de Urda no puede reducirse a identificar quién dio la última orden de circulación. Una investigación que examine la actuación de los operadores sin revisar las condiciones técnicas y las decisiones de gestión dejaría sin responder una pregunta esencial: qué garantías existían para impedir que un fallo terminara en una colisión.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado un balance provisional de 68 fallecidos. Ante esa magnitud, el rigor no es una concesión al Gobierno ni un obstáculo para fiscalizarlo. Es la condición necesaria para que las responsabilidades se determinen por decisiones y pruebas, no por afinidades políticas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado que el sistema de control LZB cayó antes del accidente y que el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad, en contra de los protocolos según su versión. También ha defendido la seguridad del sistema ferroviario y ha negado estar atribuyendo responsabilidades. Su explicación debe contrastarse, no convertirse en el límite de la investigación.

Hay, además, una discrepancia concreta que obliga a preservar esa cautela. Iryo sostiene que su tren permaneció detenido porque no recibió instrucciones para moverse; el Gobierno asegura que esa instrucción se dio. Resolver esa contradicción exige examinar las comunicaciones, no escoger de antemano la versión más conveniente.

Pero esclarecer las órdenes no sustituye el examen del mantenimiento y la renovación de los equipos. La antigüedad de un sistema no demuestra por sí sola negligencia, como tampoco la existencia de protocolos acredita que todas las garantías fueran suficientes. Deben explicarse los criterios de actualización, las medidas previstas ante una avería y las decisiones de quienes administran la infraestructura.

Pedro Sánchez ha prometido esclarecer las negligencias y responder a los fallos del sistema. Esa promesa debe traducirse en explicaciones comprobables sobre la gestión pública. Los viajeros necesitan garantías de seguridad y los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se emplean los recursos destinados a sostenerlas.

Culpar genéricamente a un partido no esclarece una catástrofe; concentrar toda la atención en un trabajador tampoco. La exigencia democrática consiste en seguir la cadena completa de decisiones, distinguir responsabilidades técnicas, políticas y judiciales, y no permitir que ninguna sirva para ocultar las demás.

Fuente: Libertad Digital · leer el original