Una treintena de barcos españoles prepara su salida de Mauritania al vencer el pacto pesquero sin renovación

Una treintena de embarcaciones españolas se organiza para abandonar las aguas de Mauritania ante el vencimiento, este 14 de noviembre, del protocolo que permite faenar a la flota comunitaria. La Comisión Europea ha avisado a los Estados miembros de que los buques dejarán de estar autorizados para pescar en la zona a las 00.00 horas del domingo.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene la presión sobre Bruselas para cerrar un acuerdo antes de que termine el sábado. Una portavoz del departamento explica, no obstante, que las embarcaciones tendrán que salir al menos temporalmente aunque prospere la negociación: adaptarse a las condiciones del nuevo pacto puede llevar unas semanas.

El desacuerdo se concentra en la compensación económica que la UE paga a Mauritania por acceder a sus aguas. Bruselas y Nuakchot han celebrado cuatro rondas negociadoras sin éxito en los últimos seis meses. El protocolo vigente permite capturar hasta 280.000 toneladas de especies como atunes, langostinos y calamares.

La interrupción amenaza los ingresos de los armadores y la actividad vinculada a los puertos españoles. La Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), que representa a 15 de los barcos afectados, estima unas pérdidas de 50 millones de euros para los armadores andaluces. La Junta sitúa en alrededor de 500 los empleos directos e indirectos de la cadena de valor pesquera afectada en la región y señala especialmente a Algeciras, Cádiz, Huelva y Sevilla.

La Xunta de Galicia reclama una prórroga para mantener la actividad de los 10 barcos gallegos que faenan en Mauritania. Si no se consigue, pide caladeros alternativos y, cuando tampoco sea posible esa salida, medidas económicas para compensar la parada forzosa.

Agricultura contempla que los armadores españoles puedan trasladarse a aguas de Portugal y Guinea-Bisáu. Sin embargo, Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), advierte de que el desplazamiento podría sobrecargar el caladero de Guinea-Bisáu. También señala que no todos los barcos encontrarán sustituto, entre ellos cuatro de la flota gallega que descargan merluza cada semana en Cádiz.

Según Garat, Mauritania reclama una compensación superior a la que ofrece la UE, cuya propuesta responde a la reducción de las posibilidades de pesca, especialmente para las flotas de Holanda, Lituania y Polonia. En el acuerdo actual, los buques pagan entre 150 y 450 euros por tonelada, dependiendo de la especie.

Los ministros de Pesca de España, Portugal, Países Bajos y Letonia solicitaron el mes pasado al comisario Costas Kadis que acelerase las conversaciones. Los armadores, por su parte, han pedido aplazar un año el vencimiento del protocolo, una fórmula que ya se aplicó en 2020 mientras se negociaba el siguiente pacto.

Fuente: elpais.com · leer el original