Una oposición técnica debe demostrar capacidad, no solo memoria

Una oposición técnica debe seleccionar a quien sabe resolver los problemas del puesto, no limitarse a premiar a quien mejor reproduce un temario. Esa debería ser la exigencia central de cualquier reforma del acceso al empleo público: justificar qué se examina, cómo se evalúa y por qué ese procedimiento permite identificar a los candidatos más capacitados.

Berta González de Vega cuestiona la presencia de la ley de Igualdad en los temarios de acceso a puestos de control del tráfico ferroviario y de ingeniero industrial superior. Su objeción plantea una discusión pertinente sobre las materias exigidas, pero la mera inclusión de esa norma no basta para descalificar un proceso selectivo. Lo decisivo es el peso de cada contenido y la capacidad profesional que las pruebas permiten acreditar.

Conocer obligaciones legales y dominar una especialidad no son objetivos incompatibles. Un empleado público puede necesitar ambas cosas. El problema aparece cuando se confunde el conocimiento declarativo de una norma con su aplicación o cuando la acumulación de materias desplaza la evaluación del trabajo concreto. La alternativa razonable no es eliminar por principio toda formación común, sino exigir proporcionalidad y utilidad.

Para un puesto técnico, esa exigencia debería traducirse en ejercicios vinculados a sus funciones: resolver supuestos, reconocer riesgos y justificar decisiones. No se trata de sustituir reglas objetivas por entrevistas discrecionales. Al contrario, las pruebas prácticas necesitan criterios públicos de corrección que permitan comparar resultados y discutir una calificación sin depender de la simpatía del tribunal.

Desde la perspectiva del aspirante, preparar una oposición supone dedicar tiempo y recursos a unas exigencias que la Administración debería poder defender. Desde la del ciudadano, la selección debe servir para obtener un servicio competente. Ninguno de los dos intereses queda satisfecho simplemente porque el examen sea difícil: dificultad y pertinencia no son sinónimos.

La igualdad de acceso y el mérito se refuerzan cuando las reglas son transparentes y las capacidades exigidas corresponden al puesto. La reforma pendiente no debería consistir en ganar una batalla simbólica sobre una ley del temario, sino en hacer que aprobar sea una demostración relevante de saber trabajar.

Fuente: abc.es · leer el original