Dos centros de estudios proponen derogar 132 leyes aprobadas desde 2004 y reformar otras 290

El Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad CEU San Pablo proponen derogar íntegramente 132 de las 598 leyes aprobadas en España desde 2004. Esa selección representa el 22% de la normativa con rango de ley examinada por ambos centros, que también plantean reformar otros 290 textos para simplificar la regulación.

Entre las normas cuya eliminación defienden figuran la que restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, algunos textos aprobados durante el mandato de Mariano Rajoy para combatir la crisis económica, decretos sobre vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez y la regulación del registro de jornada.

El informe identifica, además, otras 31 leyes que sus autores quieren derogar, equivalentes a otro 5% del conjunto analizado. En este caso introduce una cautela: al tratarse de normas aprobadas para recibir fondos europeos, su eliminación puede requerir el respaldo de la Unión Europea o, al menos, que se informe a las instituciones comunitarias.

Las 290 normas que proponen reformar representan el 48% de los textos examinados. Los autores distinguen entre aquellas que consideran necesitadas de una modificación profunda y las transposiciones de normativa europea a las que, a su juicio, se ha añadido más regulación de la necesaria.

Para contribuyentes, autónomos y empresas, la revisión planteada alcanza ámbitos como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Estatuto del Trabajo Autónomo. El estudio sitúa esas normas entre las que deberían modificarse, no entre las que propone suprimir por completo. También incluye en ese grupo la normativa educativa.

Los dos centros consideran que solo el 24% de las leyes aprobadas desde 2004 deberían permanecer intactas, al menos a corto plazo. Sostienen que el exceso normativo es un problema estructural y que la revisión debe alcanzar a la legislación de gobiernos de ambos signos políticos.

La propuesta llega al debate sobre desregulación que impulsa Vox y que el PP ha asumido allí donde gobiernan juntos. Los centros no prevén dirigirse expresamente a ambos partidos para trasladarles las conclusiones. El programa de desregulación de Vox ya cita en varias ocasiones la edición anterior del informe, centrada únicamente en la normativa aprobada durante la Presidencia de Sánchez.

Fuente: elmundo.es · leer el original