Un juzgado descarta la responsabilidad de Áger por las heridas de una gata al no probarse el ataque
La propietaria atribuía las lesiones a una colonia felina sin control municipal. La magistrada señala que la ausencia de un plan de gestión no basta para que el Ayuntamiento deba indemnizarla.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lérida ha considerado que una vecina de Áger no acreditó que las heridas de su gata Gordi fueran consecuencia del ataque de un gato callejero del municipio. La mujer reclamaba al Ayuntamiento los gastos veterinarios y vinculaba los daños a la falta de gestión de una colonia felina.
El informe veterinario situaba el origen de las lesiones como desconocido y únicamente recogía la sospecha de que pudieran deberse a una mordedura. No había testigos del supuesto ataque ni pruebas que permitieran reconstruir lo ocurrido. Las fotografías presentadas tampoco demostraban que los gatos que merodeaban por la zona hubieran causado las heridas.
La reclamación se apoyaba en las obligaciones municipales de gestión de colonias felinas establecidas por la Ley de Bienestar Animal de 2023. El consistorio reconoció que carecía de un plan de gestión. Para la propietaria, esa falta de control justificaba que la Administración asumiera el coste de las lesiones que atribuía a los animales callejeros.
La magistrada distingue, sin embargo, entre esas obligaciones y la responsabilidad patrimonial. Un posible incumplimiento municipal no implica tener que responder automáticamente por cualquier daño atribuido a los gatos comunitarios: debe acreditarse un perjuicio efectivo y una relación causal con el funcionamiento de los servicios públicos.
Para quien reclama una indemnización, esto supone que no basta con acreditar el gasto veterinario y señalar la ausencia de un plan municipal. La carga de demostrar el vínculo entre el daño y el servicio público corresponde a la persona que solicita la compensación.
Gordi sufrió las lesiones el 15 de septiembre de 2025 y recibió una segunda atención veterinaria el 20 de octubre. Su dueña presentó la reclamación patrimonial en noviembre de ese año. Tras el rechazo del Ayuntamiento, acudió a los tribunales y elevó la petición a 403,85 euros al incorporar gastos de otro gato, Gallina, que, según su reclamación, también había sido agredido.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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