Un Gobierno puede quitar la ciudadanía, no apropiarse de la lengua
El exilio y la entrada en la Real Academia Española permiten distinguir dos pertenencias: la que administra un Estado y la que ningún poder tiene derecho a conceder o retirar.
La lengua no pertenece al Gobierno que expide el pasaporte ni a la academia que custodia el diccionario. Pertenece a quienes la hablan, la transforman y escriben con ella. Esa distinción importa cuando un poder político pretende convertir la ciudadanía en una recompensa por obedecer. El idioma no necesita ese visado.
En su reflexión sobre el ingreso en la Real Academia Española para ocupar la silla de Mario Vargas Llosa, el escritor nicaragüense relata que se estableció en España después de que le cerraran las puertas de Nicaragua y lo despojaran de su ciudadanía. Lleva consigo el habla de Masatepe: voces campesinas, expresiones antiguas y una mezcla de aportaciones indígenas y africanas. Dedica su discurso de ingreso a Vargas Llosa y a una obra que vincula con la imaginación y la libertad.
Retirar la ciudadanía no borra esa herencia. Sí constituye una agresión concreta contra la persona. Conviene no confundir la resistencia de la cultura con una compensación suficiente por el despojo: conservar las palabras no devuelve el derecho a regresar. El exilio puede producir literatura. No por ello deja de ser exilio. Su belleza eventual no absuelve a quien lo impone.
También la acogida merece una lectura exigente. Recibir a un escritor perseguido significa reconocer su autonomía, no adquirir su gratitud como patrimonio nacional. Una sociedad abierta ofrece espacio para vivir y crear; no exige adhesión sentimental a cambio. La libertad no se cobra en homenajes. De lo contrario, el refugio terminaría pareciéndose demasiado a una nueva dependencia.
La propia Academia encuentra aquí una medida de su valor: reconocer una obra y escuchar una lengua que ya existían fuera de sus puertas. Las voces de una tienda, de una lavandera o de un trabajador rural no esperan autorización para enriquecer el español. La silla reconoce al escritor. No inaugura su pertenencia. La autoridad cultural resulta más convincente cuando estudia esa riqueza que cuando se imagina dueña de ella.
Ahí está el límite que ningún poder debería cruzar: confundir su capacidad para administrar documentos con el derecho a administrar identidades. Un Gobierno puede cerrar una frontera. No puede decretarse dueño de las palabras.
Fuente: elpais.com · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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