La estabilidad del voto no es un indulto al poder
Los electores no están obligados a cambiar de partido al ritmo de los titulares. Pero ningún dirigente puede interpretar la resistencia de sus apoyos como una absolución de su gestión.
Que las encuestas apenas se muevan no concede a los partidos un indulto ni convierte a los ciudadanos en sospechosos de apatía. El voto pertenece al elector. También su derecho a mantenerlo. La exigencia liberal consiste en fiscalizar al poder, no en exigir al público una mudanza electoral después de cada sobresalto.
Las mediciones comparables de 13 encuestadoras no registran oscilaciones superiores a dos puntos para PP, PSOE o Vox durante una campaña precedida y acompañada por crisis políticas, nuevas coaliciones y la dimisión de un ministro. Esa estabilidad contrasta con los desplazamientos más prolongados que muestran los sondeos tras el pacto con Junts y la amnistía, y después de la salida de Vox de los gobiernos autonómicos.
El contraste permite una lectura menos dramática que la supuesta anestesia colectiva: cambiar de preferencia puede exigir algo más que acumular noticias. Un ciudadano no elige entre un partido real y una alternativa impecable. Compara ofertas, riesgos y prioridades. Puede juzgar mal una decisión y seguir considerando peor la opción contraria. Eso no demuestra entusiasmo. Tampoco demuestra inconsciencia.
Ahora bien, la misma distinción impide al gobernante presentar la fidelidad electoral como una aprobación de cada acto. Una intención de voto no absuelve una gestión. Mucho menos acredita que una denuncia sea falsa o una actuación correcta. Las encuestas cuentan preferencias; no instruyen expedientes. Confundir ambas funciones resulta comodísimo para quien manda.
También la oposición debe extraer una lección incómoda. El desgaste del adversario no le pertenece. Una crisis puede abrir una oportunidad, pero no entrega automáticamente al rival un derecho de cobro. Para conquistar apoyos hace falta ofrecer razones propias, no limitarse a presentar las faltas ajenas como una factura que el ciudadano está obligado a pagar.
Por eso importan los controles que funcionan entre elecciones: fiscalización parlamentaria, justicia independiente y límites al uso del dinero público. Su legitimidad no depende de que cada actuación produzca un vuelco demoscópico. Si solo exigiéramos responsabilidades cuando bajan los sondeos, los dirigentes con un electorado fiel disfrutarían de una franquicia institucional.
El ciudadano puede conservar su papeleta. El poder no adquiere por ello inmunidad.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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