La integración necesita empleo legal, no culpables por su origen
Los barrios madrileños donde conviven inmigración y precariedad plantean una exigencia liberal: facilitar la autonomía económica y aplicar las mismas reglas a todos, sin confundir nacionalidad con conducta.
La integración necesita una puerta practicable hacia el trabajo legal y unas reglas comunes de convivencia. Ni repartir sospechas por nacionalidad ni celebrar la diversidad como si pagara el alquiler. El origen no determina la conducta. Y trabajar importa más que una consigna.
En San Cristóbal de los Ángeles, Taylor, nacido en Surinam, repara dispositivos electrónicos y explica que montó esa actividad porque carece de papeles y no puede trabajar legalmente. En Vallecas, el colombiano Félix Rosero cose ropa y aspira a crear su propia marca. Son dos trayectorias distintas dentro de una realidad laboral difícil: la última EPA sitúa el desempleo de la población extranjera en el 14,5%, más de cuatro puntos por encima de la media nacional. La profesora de la Universidad Nebrija Nieves Fernández identifica las bolsas de pobreza como un factor de conflicto en la convivencia.
La primera conclusión no es que cualquier entrada deba traducirse automáticamente en residencia. Es otra: una política de integración debe explicar cómo se pasa de la irregularidad a una actividad sometida a obligaciones y derechos. Dejar esa cuestión fuera del debate no elimina el trabajo informal. Simplemente permite discutir de integración sin abordar uno de sus obstáculos.
El empleo no lo resuelve todo. Pero permite sostenerse, contratar, atender clientes y establecer relaciones que no dependen de compartir procedencia. El pequeño negocio ofrece algo más concreto que una ceremonia de convivencia: intercambios entre personas que se necesitan. Conviene facilitar esa autonomía, no sustituirla por una dependencia permanente de ayudas o intermediarios.
También importa la seguridad. Los vecinos tienen derecho a reclamar calles habitables y servicios que funcionen. Escuchar esa exigencia no obliga a aceptar que el pasaporte explique cada pelea, cada vivienda saturada o cada dificultad económica. La responsabilidad es individual. Las infracciones deben perseguirse por lo que alguien hace, no por el grupo al que pertenece.
Una política liberal puede exigir control migratorio, cumplimiento de la ley y vías claras hacia el empleo sin contradicción alguna. Lo contradictorio es reclamar integración mientras se omite cómo ganarse la vida dentro de las reglas. Menos clasificación por origen. Más responsabilidad y oportunidades.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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