Proteger un mitin de Vox no equivale a respaldar a Vox
La libertad política exige separar la defensa de un programa de la garantía de poder exponerlo. Esa distinción protege tanto a quienes acuden a un acto como a quienes se manifiestan pacíficamente contra él.
Garantizar que Vox pueda celebrar un mitin no supone concederle un aval político. Supone impedir que la capacidad de intimidación decida quién puede dirigirse a los ciudadanos. La misma regla debe proteger a cualquier adversario de Vox: los derechos de participación no pueden depender de las simpatías que despierte quien los ejerce.
Antonio Robles denuncia un escrache que describe como violento contra un acto de Vox en La Coruña. Ese episodio sirve de punto de partida para una cuestión concreta: cómo preservar la expresión de dos posiciones enfrentadas sin permitir que una suprima a la otra. No hace falta compartir el programa del partido para rechazar que se impida su exposición mediante la fuerza.
La distinción relevante no enfrenta a los asistentes al mitin con todos sus críticos. Protestar contra una formación, cuestionar sus propuestas y convocar una manifestación pacífica son también formas de participación política. Equiparar esas conductas con la intimidación borraría precisamente la frontera que una democracia necesita mantener.
Por eso, el criterio debe atender a los actos y no a las identidades que cada grupo se atribuya. Una causa que se presenta como defensora de la democracia no obtiene por ello permiso para coaccionar. Tampoco un partido que denuncia un boicot adquiere inmunidad frente a la crítica, por dura o incómoda que resulte.
Esa separación obliga además a ser precisos con las responsabilidades. Denunciar una conducta violenta no basta para adjudicar su dirección o su autoría a todos los dirigentes que compartan alguna de las ideas de quienes la protagonizan. La exigencia de pruebas no debilita la condena de la intimidación: evita convertirla en una herramienta de descalificación colectiva.
La garantía liberal consiste en conservar abiertos ambos espacios: el del acto político y el de la protesta pacífica. Si defender el derecho de reunión se interpreta como adhesión al convocante, cada libertad acaba encerrada en su propio bloque. Proteger al adversario frente a la coacción es, justamente, negarse a que los derechos se repartan por afinidades.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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