Proteger la lactancia en el trabajo no equivale a avalar su seguridad clínica

Un derecho laboral no es una certificación médica. La protección frente a la discriminación y la evaluación sanitaria de la lactancia inducida responden a preguntas distintas. Confundirlas permite presentar una garantía jurídica como un aval clínico, pero también utilizar las incertidumbres médicas para cuestionar derechos que deben discutirse en su propio terreno.

En su comparecencia de octubre ante el Senado australiano, la comisionada de discriminación por sexo, Anna Cody, sostuvo que las mujeres trans que inducen la lactancia mediante hormonas y fármacos están amparadas por la sección 7AA de la Ley de Discriminación Sexual. Su interpretación les reconoce los mismos descansos y facilidades laborales que a otras personas que amamantan.

La senadora liberal Leah Blyth objetó que la ley habla de mujeres y que su memorándum explicativo se refería a mujeres que amamantan. Esa discrepancia exige claridad sobre el alcance de la norma. Las personas trabajadoras y los empleadores necesitan saber qué obligaciones se derivan de ella; no basta con trasladar al ámbito laboral una controversia sobre identidades.

La cuestión clínica requiere otra clase de pruebas. Los informes de casos descritos incluyen producción láctea mediante tratamientos hormonales, fármacos y estimulación mecánica. Algunos comunican resultados nutricionales favorables y uno recoge seis semanas de alimentación exclusiva con crecimiento aparentemente normal, según el pediatra. Son observaciones que justifican investigar, no una conclusión general sobre seguridad.

Sin estudios controlados ni seguimientos prolongados, quedan abiertas preguntas sobre la suficiencia del volumen, la composición inmunológica y los posibles residuos farmacológicos. Tampoco esas incertidumbres demuestran por sí solas que exista daño. La prudencia consiste en no convertir ni los resultados favorables en garantías universales ni las lagunas de conocimiento en condenas automáticas.

Cuando interviene un bebé, su bienestar debe guiar la evaluación sanitaria, con independencia de la identidad de quien lo alimenta. La salida razonable es exigir precisión a la interpretación jurídica y evidencia a las recomendaciones clínicas: ninguna de esas tareas puede sustituir a la otra.

Fuente: Libertad Digital · leer el original