Preguntar por el feminismo es legítimo; conformarse con la etiqueta, no

Un dirigente debe poder explicar qué entiende por feminismo y qué consecuencias tiene esa posición en su actuación pública. Pedirle que se defina no constituye por sí mismo una descalificación. El problema aparece cuando la respuesta sirve para conceder o retirar credenciales democráticas, en vez de abrir un examen de sus ideas y responsabilidades.

Aimar Bretos preguntó a Alberto Núñez Feijóo en la SER si era feminista. La cuestión es legítima: quien aspira a gobernar puede ser interrogado sobre su concepción de la igualdad entre mujeres y hombres. No hay motivo para reservar ese terreno a la intimidad ni para considerar hostil cualquier pregunta formulada con el vocabulario del adversario político.

Ahora bien, una afirmación escueta aporta poca información. El trabajo periodístico empieza, más que termina, cuando el entrevistado adopta una etiqueta. Lo relevante es averiguar qué derechos pretende proteger, qué desigualdades considera necesario corregir y cómo justifica los instrumentos que propone. Esa concreción permite discutir políticas sin convertir cada discrepancia en una sospecha moral.

También debe exigirse precisión a quien rechaza la palabra o expresa reservas. La incomodidad ante una identidad política no responde a la pregunta sobre la igualdad. Puede haber razones para discutir un término, pero explicarlas no libera a un dirigente de aclarar su posición sobre el asunto que ese término designa.

El mismo criterio debe aplicarse a Pedro Sánchez y a Feijóo. Declararse feminista no debería reducir el escrutinio, del mismo modo que evitar esa definición no demuestra por sí solo una conducta discriminatoria. La coherencia se examina contrastando compromisos y decisiones, no suponiéndola a partir de una identificación partidista.

Tampoco bastaría con trasladar el juicio al entorno personal del dirigente. El trato cotidiano importa, pero la responsabilidad pública exige algo distinto de un certificado privado de buena conducta: razones que cualquier ciudadano pueda conocer, discutir y evaluar.

La alternativa a la política de las etiquetas no es dejar de preguntar por los valores. Es preguntar mejor y seguir preguntando después de la respuesta cómoda. Ni la adhesión concede inmunidad ni el rechazo exime de rendir cuentas.

Fuente: elmundo.es · leer el original