Pilar Trinidad debe responder por su gestión, no por sus afinidades
El paso de la Universidad Rey Juan Carlos a la Delegación del Gobierno en Madrid merece un examen de responsabilidades y decisiones. La cercanía política no puede servir ni de salvoconducto ni de prueba de irregularidad.
La trayectoria de Pilar Trinidad debe examinarse con transparencia y criterios de gestión, no mediante un juicio de afinidades. Su llegada a la Delegación del Gobierno en Madrid, como sucesora de Francisco Martín, permite plantear una exigencia concreta: que el escrutinio de sus responsabilidades anteriores acompañe al ejercicio del nuevo cargo, sin sustituir las pruebas por asociaciones personales.
Trinidad ha ocupado el vicerrectorado de Relaciones Exteriores de la Universidad Rey Juan Carlos. Esa responsabilidad constituye un antecedente pertinente para valorar su recorrido institucional. Importan las actuaciones desarrolladas desde ese puesto, sus objetivos y sus resultados. La confianza política que pueda suscitar una designación no elimina la necesidad de explicar cómo se han ejercido las competencias públicas.
En esa etapa participó en un acto con la directora del Injuve, Ruth Carrasco, el responsable de la Organización Internacional de la Juventud, Max Trejo, y la embajadora de Costa Rica. La coincidencia en un encuentro institucional acredita una relación pública entre sus participantes, pero no permite deducir por sí sola un trato de favor. Confundir ambas cosas debilita, en lugar de reforzar, cualquier fiscalización posterior.
El criterio liberal debe ser exigente en las dos direcciones. Ninguna relación con el poder debería dispensar a un responsable público de explicar sus decisiones. Tampoco una relación personal o institucional debería invertir la carga de la prueba. La rendición de cuentas pierde su utilidad cuando se convierte en una clasificación de personas según sus amistades.
Para examinar una trayectoria universitaria resultan más útiles los convenios, los procedimientos y las memorias de actividad que las etiquetas partidistas. Reclamar esa documentación es una propuesta de control, no una acusación encubierta. Permite discutir decisiones verificables y evita que la controversia dependa exclusivamente de simpatías o rechazos.
La vara de medir para Trinidad debe ser, por tanto, la misma antes y después del nombramiento: responsabilidades identificables, decisiones explicadas y resultados sometidos a examen. Ni indulgencia por cercanía ni condena por asociación.
Fuente: elmundo.es · leer el original
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