Peñas y abonados del Rayo llevan a la RFEF ante el TSJM para anular el cierre parcial de Vallecas

La Federación Madrileña de Peñas del Rayo Vallecano, diez peñas y 22 abonados de la grada afectada han presentado una demanda contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Reclaman la anulación del cierre del fondo del Estadio de Vallecas situado sobre los vestuarios, impuesto tras los lanzamientos de aviones de papel durante el encuentro contra el Athletic Club del 10 de octubre.

La impugnación se dirige contra el acuerdo del Comité de Disciplina de la RFEF del 14 de octubre, que ordenó clausurar esa grada durante un partido y encargó al club identificar los bloques y localidades afectados. La multa de 6.000 euros impuesta al Rayo queda fuera del recurso. La entidad deportiva figura únicamente como parte interesada.

Los aficionados han acudido al procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales. Sostienen que el cierre constituye un castigo colectivo: aunque la sanción recae formalmente sobre el club, deja sin sus asientos a abonados a quienes no se atribuye ninguna conducta irregular, que no han sido escuchados y que tampoco pueden ser reubicados en otras zonas del estadio.

La demanda alega la vulneración de los principios de legalidad y personalidad de las sanciones, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva sin indefensión y la igualdad. Los recurrentes afirman que no existen pruebas individualizadas contra los abonados afectados y cuestionan que la delimitación de las localidades se haya dejado al propio club sancionado.

Según el acta del partido, los autores de los lanzamientos fueron identificados como seguidores locales por su indumentaria y sus cánticos. Los demandantes sostienen que el cierre se acordó antes de determinar las localidades desde las que salieron los aviones. También alegan que el acta recoge lanzamientos desde distintos sectores y que no consta el origen del que precedió a la suspensión del encuentro.

El escrito contrapone el cierre de la grada con las actuaciones contra presuntos responsables individuales. La Comisión Estatal contra la Violencia ha propuesto prohibir la entrada a los estadios a doce personas, mientras la Policía continúa identificando participantes mediante las imágenes.

Los recurrentes solicitaron suspender urgentemente el cierre antes del partido previsto para el sábado 24 de octubre. En su primer pronunciamiento, el TSJM ha considerado que la proximidad del encuentro no dejaba tiempo para adoptar la medida cautelar y ha reservado para el examen del fondo las posibles vulneraciones de derechos fundamentales.

Según los promotores, el tribunal también reconoce que los perjuicios a los abonados pueden tener carácter económico y ser susceptibles de resarcimiento. Los aficionados han presentado un recurso de reposición para que se revise esa decisión.

Además de anular el cierre, la demanda pide reconocer el derecho de los abonados a conservar el acceso a sus localidades por hechos que no se les atribuyen. Subsidiariamente, solicita que la RFEF delimite los bloques afectados después de escuchar a los abonados y examinar las grabaciones. Como segunda alternativa, reclama permitir la reubicación de quienes no participaron en los incidentes.

Fuente: Libertad Digital · leer el original