El gasto público debe explicarse también a quien lo paga

La discusión sobre los Presupuestos no debería reducirse a cuánto aumenta una prestación o qué colectivo recibe una mejora. La cuestión decisiva es qué compromisos asume el Estado, con qué ingresos espera sostenerlos y qué margen deja para otras necesidades. Esa visión conjunta distingue unas cuentas públicas de una sucesión de anuncios.

Las previsiones del Gobierno para 2023 permiten apreciar esa diferencia. El Ejecutivo planteó una revalorización de las pensiones de alrededor del 8,5% y un gasto total en esa partida de 190.687 millones de euros, un 11,4% más que el año anterior. Proteger los ingresos de los jubilados frente a la inflación era el beneficio perseguido; explicar cómo sostener ese incremento era la otra mitad de la responsabilidad política.

También anunció una aportación de 2.957 millones al Fondo de Reserva de las pensiones, procedente del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Ese ingreso estaba vinculado a una subida de cotizaciones del 0,6%. Presentar el refuerzo de la reserva sin destacar su financiación separa artificialmente dos caras de una misma decisión.

Las cotizaciones y el trabajo

Para el ciudadano, esa relación es concreta: las cotizaciones afectan al coste del trabajo y los impuestos determinan qué parte de sus recursos queda disponible. Una medida puede beneficiar a una persona como pensionista, empleado público o usuario de servicios y exigirle un esfuerzo por otra vía. La información presupuestaria debe permitir entender ambas posiciones.

El coste de la deuda

El coste de la deuda añade otra prioridad menos agradecida para la comunicación política. Las cuentas de 2023 contemplaban 31.330 millones de euros en gastos financieros, un 3,7% más. Esa obligación también compite por recursos, aunque no se presente como una nueva prestación.

Nada de esto demuestra por sí solo que una subida de pensiones sea injustificada ni que una mejora salarial constituya una compra de votos. Juzgar las decisiones únicamente por sus beneficiarios es tan insuficiente como descalificarlas únicamente por su coste.

La exigencia liberal debe ser más precisa: prioridades comparables, financiación visible y debate parlamentario sobre el conjunto. Presentar presupuestos importa porque obliga al Gobierno a mostrar las contrapartidas de sus decisiones. El contribuyente merece conocerlas con la misma claridad con la que se anuncian los beneficios.

Fuente: Libertad Digital · leer el original