Los padres piden investigar 1.850 presuntos episodios de maltrato en la guardería Pecas de Pozuelo

Las acusaciones particulares del caso de la guardería Pecas, en Pozuelo de Alarcón, han presentado un nuevo escrito que eleva a 1.850 los presuntos episodios de agresiones y tratos vejatorios a menores de tres años que piden investigar. La solicitud, que reúne las secuencias identificadas hasta el 23 de octubre de 2026, está pendiente de decisión judicial.

Los padres sustentan su petición en el examen de las grabaciones de videovigilancia del centro. La documentación comprende imágenes de diez cámaras, tomadas entre las 08.00 y las 18.00 horas durante dos meses. Cada episodio señalado incorpora su localización temporal y capturas de pantalla.

El escrito describe presuntos pinchazos en la cara, zarandeos mientras los niños dormían, cachetes y encierros en habitaciones a oscuras. Las acusaciones atribuyen buena parte de esas conductas a dos empleadas, Begoña y Tamara. En la causa hay al menos siete investigadas.

Entre las secuencias denunciadas figura una en la que, según las acusaciones, Begoña utiliza la mano de un niño para golpear a otro al menos ocho veces, principalmente en la cabeza. A Tamara le atribuyen, entre otras acciones, desplazar con el pie a menores mientras dormían y moverlos agarrándolos de la camiseta de forma brusca.

La investigación judicial abarca actualmente 352 acontecimientos, conforme al auto dictado el 11 de junio de 2026 por la instructora, María del Carmen Neira. La magistrada señaló entonces que las partes habían detectado hechos ausentes de los atestados policiales que superaban en número e intensidad los ya identificados.

La revisión de las imágenes ha dado lugar a sucesivas solicitudes de ampliación. El 6 de noviembre de 2025, las acusaciones habían documentado 110 hechos que consideraban nuevos y distintos de los identificados por la Policía. Antes del auto de junio de 2026, habían presentado escritos que elevaban su relación a 499.

Begoña recurrió la decisión de ampliar la investigación a 352 hechos. La Fiscalía de Madrid se adhirió a esa impugnación el 1 de octubre, al considerar que el auto formulaba la ampliación de manera genérica y que algunos episodios ya figuraban en el atestado.

La controversia procesal afecta a la delimitación de las conductas atribuidas a cada investigada y de los menores afectados. La fiscal reclama especificar qué hechos son nuevos, a quién se imputan y quién es la presunta víctima en cada caso, para evitar una lesión del derecho de defensa.

La causa arrancó a finales de 2023 tras la denuncia de una trabajadora en prácticas que había grabado clandestinamente presuntas agresiones y humillaciones. La instructora ordenó después a la Policía Judicial del municipio volcar las imágenes de las cámaras del centro y permitió acceder a ellas a las partes personadas. La guardería cerró en febrero de 2024 por irregularidades urbanísticas.

Fuente: elmundo.es · leer el original