Los pactos al Senado exigen explicar qué se comparte, no solo a quién se quiere derrotar

Los acuerdos para el Senado deben juzgarse por los compromisos que permiten conocer al elector, no únicamente por su eficacia para concentrar votos. Tanto la candidatura conjunta de las izquierdas como la coordinación entre PP y Vox persiguen mejorar sus resultados. Esa finalidad es legítima, pero deja pendiente una pregunta: qué están dispuestos a hacer juntos después de las elecciones.

Las fórmulas elegidas son distintas. El PSOE y sus aliados de izquierda concurren mediante una candidatura conjunta a la Cámara Alta, mientras populares y Vox coordinan su presencia electoral mediante retiradas de candidatos y listas más reducidas. No son acuerdos idénticos, aunque ambos obligan a sus participantes a explicar dónde termina la colaboración y dónde comienza su autonomía.

Miguel Tellado e Ignacio Garriga han circunscrito el entendimiento de sus partidos al Senado. El dirigente popular ha defendido además que ninguno renuncia a sus siglas. Esa delimitación importa, pero la identidad formal no resuelve el contenido político: un partido puede conservar su nombre y asumir compromisos relevantes con otro. La cuestión no es si desaparece una marca, sino qué decisiones queda comprometida a respaldar.

Tampoco basta con presentar al adversario como justificación del acuerdo. La izquierda tiene que responder por la gestión del Gobierno al que sostiene; la derecha debe explicar la alternativa que pretende construir. Esa diferencia entre continuidad y relevo exige preguntas distintas, no una exigencia menor para alguno de los bloques. Haber compartido el poder obliga a rendir cuentas; aspirar a compartirlo obliga a concretar las condiciones.

Para las formaciones menores, la prueba de independencia no consiste necesariamente en competir por separado. Coordinar candidaturas puede ser compatible con mantener propuestas propias. Pero esa autonomía resulta más convincente cuando se conocen los desacuerdos y los límites del pacto que cuando se afirma, simplemente, que los socios siguen siendo diferentes.

La dimensión institucional refuerza esta exigencia. El contexto de estos acuerdos incluye la posibilidad de que una mayoría de tres quintos en el Senado permita a PP y Vox nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional con el mandato caducado. La cooperación electoral tiene, por ello, una relevancia que va más allá del reparto de escaños entre partidos.

El votante no necesita que se le prohíban las alianzas ni que se le presenten como una anomalía. Necesita conocer su alcance. La defensa más sólida de estos pactos sería explicar qué compromisos comportan y qué libertad conserva cada socio, en lugar de pedir confianza únicamente porque enfrente está el otro bloque.

Fuente: elmundo.es · leer el original