Los afectados de Magrudis piden un acuerdo al Ayuntamiento de Sevilla para evitar el juicio
Los abogados de los perjudicados reclaman unos cinco millones de euros de fondos municipales para completar las indemnizaciones. El Consistorio rechaza reconocer responsabilidades que considera que no le corresponden y vincula un pacto a la condena de la funcionaria acusada.
Los afectados por el brote de listeriosis de Magrudis de 2019 reclaman al Ayuntamiento de Sevilla un acuerdo que permita resolver la causa sin celebrar el juicio, cuyo inicio ha fijado la Audiencia de Sevilla para el 23 de noviembre. Más de siete años después, los perjudicados quieren evitar que las 43 sesiones previstas y los posibles recursos prolonguen durante años la resolución del caso.
El brote causado por la carne mechada contaminada dejó más de 240 lesionados, cuatro víctimas mortales y siete mujeres cuyos embarazos acabaron en aborto. Están acusados penalmente los miembros de la familia gestora de Magrudis, un arquitecto que trabajó para la empresa y una veterinaria municipal. Por el papel de esta última, el Ayuntamiento figura en la causa como responsable civil subsidiario.
Las indemnizaciones reclamadas superan los diez millones de euros. La póliza de Magrudis tiene un límite de 300.000 euros y las dos aseguradoras municipales también cuentan con topes de cobertura. Una de ellas ha consignado 1,2 millones para las posibles responsabilidades civiles.
Los abogados de los afectados piden que el Consistorio aporte unos cinco millones de euros de sus propios fondos para completar las indemnizaciones. La reclamación implica, por tanto, destinar recursos municipales a cubrir la parte que no asumirían las aseguradoras; no se trata de un desembolso ya acordado.
El Ayuntamiento sostiene que no puede aceptar un pacto extrajudicial que reconozca culpabilidades que no le corresponden y señala que un acuerdo debería girar en torno a una condena de la veterinaria acusada. Los abogados Manuel Parrilla y Germán Grima discrepan: defienden que la responsabilidad objetiva y directa de la Administración permite indemnizar un daño efectivo, evaluable e individualizado sin una condena penal.
Entre quienes piden una solución está el padre de Pablo y Javier, dos gemelos de siete años. Según relata, su esposa contrajo la infección tras consumir medio montadito de carne mechada de La Mechá y tuvo un parto prematuro poco más de una semana después en el hospital Virgen del Rocío.
Pablo tiene una discapacidad del 75%, utiliza silla de ruedas y no puede hablar; la de Javier es del 40%. Su padre explica que la madre dejó su carrera de delineante para atenderlos y que él cambió de empleo para poder conciliar, aun perdiendo ingresos. La familia reclama una indemnización millonaria por las consecuencias sufridas y las necesidades de cuidados continuados.
Victoria Fuentes también reclama cerrar el caso. Su madre, María Dolores, era paciente oncológica y recibía quimioterapia cuando contrajo listeriosis. Según su hija, sufrió una meningitis bacteriana por listeria y su deterioro posterior la obligó a abandonar el tratamiento contra el cáncer. Victoria atribuye a esa interrupción la progresión de la enfermedad oncológica por la que su madre falleció en 2020.
Fernando Jurado, otro de los afectados, relata que todavía sufre dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y problemas musculares. Fue diagnosticado tras comer un bocadillo de carne mechada de La Mechá en San Juan de Aznalfarache. La Consejería de Salud decretó la alerta sanitaria por los productos de Magrudis el 15 de agosto de 2019, cuando se habían contabilizado unos 40 casos.
Fuente: abc.es · leer el original
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