Las sospechas de corrupción arbitral no se resuelven en secreto
El caso de Antonio Camacho muestra el límite de una limpieza interna sin rendición de cuentas: retirar las designaciones no basta para acreditar responsabilidades ni proteger a quienes actúan honradamente.
Una institución no combate bien la corrupción cuando sustituye un procedimiento contrastable por decisiones silenciosas. Puede apartar a los sospechosos. Puede incluso acertar. Pero acertar no basta. El poder de decidir quién sigue trabajando exige razones que puedan conocerse y discutirse, también cuando ese poder administra un campeonato de fútbol.
En los años setenta, Medina Iglesias comunicó al Comité de Árbitros una conversación con un directivo del Barcelona, apellidado Amat: este le había preguntado por un supuesto pago entregado a Antonio Camacho para arreglar un Burgos-Barça. Medina sostuvo que no había recibido dinero. José Plaza, al frente del Comité, fue dejando sin partidos a varios colegiados bajo sospecha. En una entrevista, justificó esas decisiones por los informes disponibles, sin revelar cómo se habían obtenido. El periodista Juan José Paradinas explicó entonces que los árbitros informantes no estaban dispuestos a sostener sus testimonios ante un juez. Camacho, por su parte, atribuyó su apartamiento a una represalia de Plaza por no haberlo secundado en el caso Guruceta.
Ahí está el problema institucional. Una denuncia merece investigación; no se convierte automáticamente en una responsabilidad acreditada. Y la negativa de un informante a comparecer no vuelve falsa su información, pero tampoco permite tratarla como una conclusión indiscutible. Las garantías no estorban. Separan la sospecha de la prueba.
Retirar designaciones puede sacar a un árbitro del campo sin resolver ninguna de esas preguntas. ¿Qué conducta se le atribuye? ¿Con qué respaldo? ¿Cómo puede defenderse? Si las respuestas quedan reservadas al despacho del presidente, la integridad del sistema depende de confiar personalmente en quien manda. Eso no es control del poder.
La reserva puede proteger una investigación mientras avanza. Convertida en desenlace, protege también a la institución del examen público. Los árbitros honrados necesitan algo más que un superior convencido de su inocencia: necesitan reglas que impidan confundirlos con los sospechosos y procedimientos que permitan exigir responsabilidades sin arbitrariedad.
El fútbol tiene derecho a defenderse de quienes lo manipulan. Precisamente por eso debe distinguir entre investigar, apartar y acreditar. La autoridad no se demuestra escondiendo sus razones. Se demuestra sometiéndolas a examen.
Fuente: elmundo.es · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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