Las comunidades no pueden retirar por su cuenta los refugios de colonias felinas bajo gestión municipal
La Ley de Bienestar Animal obliga a respetar estas instalaciones también en espacios privados. Los conflictos deben tramitarse ante el ayuntamiento y las sanciones dependen de la conducta y de su calificación jurídica.
Las comunidades de propietarios no pueden decidir unilateralmente la retirada de comederos, bebederos o refugios de colonias felinas integradas en programas municipales de gestión. El artículo 41 de la Ley 7/2023 obliga a respetar tanto la integridad, la seguridad y la calidad de vida de los gatos comunitarios como las instalaciones de alimentación y refugio de esos programas.
La obligación también afecta a jardines, patios y otros espacios privados. El artículo 39.1.d exige a los ayuntamientos establecer protocolos para las colonias situadas en estas propiedades, con las mismas especificaciones que en los espacios públicos. La titularidad del terreno no permite eludir esa protección.
Para los vecinos, esto supone que las molestias por limpieza, ubicación de los recipientes o convivencia deben comunicarse al ayuntamiento para que estudie las medidas correspondientes. La vía prevista es el procedimiento municipal, no la retirada por iniciativa propia de las instalaciones protegidas.
El régimen sancionador distingue entre actuaciones. El artículo 74 considera infracción grave retirar, reubicar o desplazar gatos comunitarios fuera de los supuestos legalmente permitidos. Para las infracciones graves, el artículo 76 establece multas de entre 10.001 y 50.000 euros.
La retirada o destrucción de comederos y refugios puede generar responsabilidad administrativa si incumple la ley, especialmente cuando causa daños o sufrimiento a los animales. Pero no conlleva automáticamente una multa de 50.000 euros: la sanción depende de los hechos y de su calificación jurídica.
Si el incumplimiento de las obligaciones legales provoca la muerte de un animal, la conducta puede calificarse como muy grave, siempre que no constituya delito. En ese caso, las sanciones previstas van de 50.001 a 200.000 euros.
La protección tampoco autoriza a cualquier persona a colocar comida o casetas sin atender a las normas municipales. Los programas locales deben incluir censo y mapeo, esterilización, atención sanitaria y regulación de los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras, además de protocolos para resolver los conflictos vecinales.
La Dirección General de Derechos de los Animales publicó en 2024 una directriz técnica sobre esta gestión, incluida la actuación en propiedades privadas y la formación de cuidadores. Entre las recomendaciones municipales, el Ayuntamiento de Madrid aconseja utilizar pienso seco, retirar los restos de comida, mantener limpios los recipientes y situar los puntos de alimentación en lugares adecuados.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
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