Las autoridades electorales de EE.UU. preparan protocolos ante la posible presencia de agentes federales

El personal electoral del condado de Pinal, en Arizona, ha incorporado la posible llegada de agentes federales a los simulacros con los que prepara las elecciones legislativas del 3 de noviembre. En Florence, cerca de Phoenix, los trabajadores ensayan cómo responder a esa situación, además de a incendios, cortes de electricidad o amenazas de bomba.

El protocolo distingue entre los observadores acreditados del Departamento de Justicia y otros agentes. Los primeros pueden permanecer en los centros de votación; los demás deben marcharse, salvo que acudan a votar. La legislación de Arizona establece un perímetro de exclusión de 75 pies, unos 25 metros. Si se niegan a salir, el personal prevé recurrir al sheriff, según un trabajador de la oficina del secretario del condado.

El Gobierno federal ha anunciado el despliegue de 1.000 observadores por todo el país. Las elecciones las organizan los estados y sus normas se mantienen, en su mayor parte, sin cambios respecto a anteriores ciclos electorales. Pinal, de mayoría republicana, incluye una parte del sexto distrito de Arizona, donde se prevé una disputa ajustada por el escaño en la Cámara de Representantes.

La preparación también alcanza a los tribunales. Public Rights Project, una organización que litiga en nombre de gobiernos locales, ha demandado al Departamento de Seguridad Nacional en representación de Denver para impedir el despliegue de agentes de inmigración en los colegios electorales. La legislación federal prohíbe a las autoridades enviar agentes armados a los centros de votación.

La Administración Trump sostiene que no tiene intención de patrullar esos centros, pero mantiene que podría adoptar medidas específicas, como ejecutar órdenes de detención contra personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país. Los demócratas temen que la presencia de agentes en las inmediaciones disuada de votar a las minorías.

En el condado de Pima, en la frontera de Arizona con México, los abogados tienen preparados documentos para solicitar protección judicial si aparecen agentes de inmigración, según su registradora, Gabriella Cázares-Kelly. El procedimiento previsto permite completar los datos y presentar físicamente la petición ante un juez.

Otro de los riesgos contemplados, aunque estos escenarios se consideran muy poco probables, es la incautación de máquinas o papeletas. Una intervención de ese tipo comprometería la cadena de custodia: los controles que registran quién manipula el material electoral y adónde se traslada. Stephen Richer, antiguo secretario del condado de Maricopa, advierte de las dificultades que tendría para certificar papeletas cuya custodia se hubiera interrumpido.

Dos actuaciones sobre votaciones ya concluidas han aumentado la preocupación de los demócratas. En enero, el FBI registró una oficina electoral del condado de Fulton, en Georgia, y retiró material de las elecciones de 2020. En marzo, el sheriff republicano Chad Bianco confiscó en Riverside, California, papeletas de un referéndum estatal celebrado el año anterior. Ninguna de esas intervenciones ocurrió durante la celebración de los comicios.

Colorado exige ahora a los secretarios de sus condados que documenten todas las actuaciones para disponer de registros si un juez ordena retirar material bajo su custodia. En Arizona, una responsable electoral de un condado también ha comprobado que su proveedor dispone de máquinas adicionales para sustituir las existentes en caso de incautación.

Fuente: abc.es · leer el original