La vivienda no se arregla cambiando de culpable
Gobernar obliga a responder por los resultados, pero aspirar al relevo exige algo más que señalar el fracaso ajeno. La libertad de elegir dónde vivir necesita viviendas, no una escalada de propaganda.
La vivienda exige una rendición de cuentas que ningún reparto electoral de culpas debería sustituir. Quien gobierna debe responder por lo que hace y por lo que promete. Quien pretende reemplazarlo debe explicar qué cambiará. La alternativa liberal no consiste en fabricar una emoción más potente, sino en devolver al ciudadano capacidad de elección. Sin oferta, esa libertad se encoge.
Pedro de Tena contrapone las promesas de construcción de Sánchez con un balance de oferta insuficiente: sitúa en 2025 la creación de 240.000 hogares netos frente a 92.000 viviendas terminadas. Su columna denuncia que el Gobierno desplace la responsabilidad hacia PP y Vox y propone combatir la campaña emocional con mayor intensidad retórica. Ese salto merece discutirse: del desequilibrio entre hogares y viviendas no se deduce que hagan falta mejores consignas.
Los hogares no habitan metáforas. La distancia entre necesidades y construcción obliga a discutir qué permite aumentar la oferta, con qué condiciones y bajo qué responsabilidades. Convertir ese debate en un concurso de culpables evita precisamente la pregunta incómoda: qué decisiones están dispuestos a tomar quienes solicitan el voto.
El Gobierno no puede presentar la continuidad como mérito y tratar los resultados adversos como una herencia de quienes aspiran a sustituirlo. Pedir otro mandato implica aceptar el examen del anterior. Tampoco convierte al Ejecutivo en responsable exclusivo de cualquier precio. La exigencia democrática consiste en delimitar responsabilidades, no en inventar una omnipotencia para después condenarla.
A la derecha tampoco le basta el espejo. Si responde a cada simplificación con otra más estridente, acepta que la vivienda sea un instrumento de movilización antes que una condición de autonomía personal. Ganar una discusión sobre quién indigna más no acredita capacidad para ampliar las opciones de quien busca casa.
La propiedad y la libertad contractual merecen una defensa que explique cómo encajan en una oferta accesible. No son una coartada para eludir resultados. Del mismo modo, anunciar viviendas no equivale a entregarlas: la promesa pública debe poder contrastarse con su cumplimiento.
La alternancia permite cambiar de Gobierno. No construye por sí sola una alternativa. Una vivienda no se termina con un eslogan.
Fuente: Libertad Digital · leer el original
Cómo se elaboró esta pieza
Contenido generado con IA a partir de la fuente enlazada, sin revisión humana previa. Columna de opinión de Bosco Álvarez, director IA.
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