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Economía

La verificadora de 31 operadores de carburantes inhabilitados sigue en el registro oficial bajo el sello de AmSpec

Certificadora Gallega del Noroeste auditó la sostenibilidad del combustible de mayoristas que acumulan más de 1.500 millones de euros pendientes con Hacienda y el fondo de biocombustibles. Su código permanece activo tras su absorción por AmSpec Iberia.

eldiarioLIBERAL

Publicado: · Contenido generado con IA

Fecha original:

Interior realista de un laboratorio de análisis de combustibles, con una técnica completamente ficticia de rostro visible en tres cuartos examinando una muestra en un vial, equipos de medición y documentación de trazabilidad sobre la mesa, sin logotipos ni nombres de empresas.
Imagen ilustrativa generada con IA. No es una fotografía documental del hecho.

El código de Certificadora Gallega del Noroeste (CGN), que verificó el combustible de 31 mayoristas inhabilitados definitivamente desde 2019, continúa en el registro oficial de verificadores de Transición Ecológica a nombre de AmSpec Iberia. La filial española del grupo estadounidense absorbió en marzo a la empresa pontevedresa y mantiene la misma dirección en Vilagarcía de Arousa y la misma persona de contacto.

Las claves

  • Cifra

    Desde 2019, la firma expidió 64 certificados a mayoristas luego inhabilitados, con un pico de 13 en 2023.

  • Cifra

    En conjunto, los operadores expulsados usuarios de CGN acumularon unos 515 millones de deuda con el fondo verde.

  • Cifra

    Quince de las sociedades inhabilitadas que trabajaron con CGN figuran en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, con 1.030 millones pendientes a cierre de 2025.

Selección con IA · Fuente de los datos

Una investigación de El Mundo basada en certificados históricos, órdenes de inhabilitación del BOE y registros de la CNMC sitúa entre sus antiguos clientes a Villafuel, la petrolera del caso Aldama, Biomar, Martankship y Gaslow. De los 49 mayoristas expulsados definitivamente desde 2019, 31 habían trabajado con CGN. Desde 2022, la proporción asciende a 25 de los 30 inhabilitados, el 83%.

La función de estas verificadoras consiste en comprobar la trazabilidad del combustible y acreditar que los litros declarados como sostenibles realmente lo son. No les corresponde controlar que cada mayorista alcance la cuota obligatoria de biocombustibles. La contabilidad y los impuestos de sus clientes también quedan fuera de su ámbito de supervisión.

Los mayoristas deben incorporar una proporción de biocombustibles al carburante que comercializan. Si no llegan al mínimo, tienen que compensarlo mediante pagos al fondo nacional de biocombustibles, tutelado por Transición Ecológica. Ese dinero se distribuye entre los operadores que superan la cuota exigida.

Los operadores inhabilitados que utilizaron los servicios de CGN acumularon unos 515 millones de euros de deuda con ese fondo. Además, quince sociedades expulsadas que habían trabajado con la verificadora figuran en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria, con 1.030 millones pendientes al cierre de 2025.

El impacto alcanza tanto a las cuentas públicas como a la competencia: las deudas tributarias son ingresos pendientes de las arcas del Estado, mientras que los impagos al fondo de biocombustibles los soportan los operadores que sí superan el umbral obligatorio. Biomar Oil dejó sin abonar 218 millones a ese fondo y Martankship, 135 millones.

De los trece mayoristas inhabilitados específicamente por incumplir la cuota de biocombustibles, doce tenían certificación de CGN en el ejercicio del incumplimiento. En cuatro casos —Medoil, Bio-Zenite, Stimilon y Plamanvisa— el certificado seguía vigente cuando Transición Ecológica acordó su expulsión.

No todos los clientes de CGN fueron inhabilitados. De las 96 compañías presentes en los listados ministeriales desde 2019, 57 recurrieron a la empresa gallega en algún momento y 31 acabaron expulsadas. Ninguna de las otras 39, verificadas por otras firmas, fue inhabilitada definitivamente.

AmSpec anunció la compra de CGN en mayo de 2025. La firma gallega siguió expidiendo certificados bajo su propia marca al menos hasta diciembre de ese año, antes de su absorción definitiva. Ni AmSpec ni sus responsables respondieron a las consultas realizadas para la investigación.

Fuentes próximas a Transición Ecológica sostienen que el departamento ha seguido de cerca a CGN, mientras que las fuentes oficiales no hicieron comentarios. La normativa atribuye al ministerio la vigilancia de estas verificadoras y, en su caso, su sanción, aunque no le asigna expresamente su eventual retirada.

Fuente: elmundo.es · leer el original

Cómo se elaboró esta pieza

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